El actual intendente de Trenel, Juan Antonio Silva, el viceintendente Horacio Bogetti, y la secretaria de Hacienda del municipio, Silvia Santamaría, entre otros funcionarios de esa localidad, deberán presentarse ante la Justicia Federal a partir del 22 de marzo próximo para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga las supuestas irregularidades administrativas y presuntos sobreprecios que se habrían cobrado en la realización de la obra de pavimentación efectuada por la empresa Jubete.
La investigación fue iniciada de oficio por la fiscal federal Marta Odasso luego de una investigación periodística de LA ARENA que indicó que habría sobreprecios en la obra de asfaltado de unas cincuenta cuadras. En ese momento, la empresa responsable, Jubete, había pedido más fondos para terminar la construcción después de gastar lo previsto hasta ese momento. Odasso pidió las indagatorias en diciembre de 2011 de las autoridades municipales y algunos concejales luego de conocer el informe emanado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre la obra. Los ocho funcionarios señalados prima facie podrían haber incurrido en un delito de acción pública que podía ser tipificado como "incumplimiento de deberes de funcionario público". El informe del organismo nacional da cuenta de modificaciones en el contrato que favorecen a Jubete y de trabajos que se cobraron y no se habrían realizado.
No obstante, la situación más complicada incurre en las autoridades del municipio. Ellos habrían avalado pagos y certificaciones de obra que no se corresponderían con el avance que tuvo la obra. Según una fuente consultada, entre las irregularidades encontradas la Sigen habría comprobado que se pagó casi la totalidad de la obra de pavimentación antes que se aprobara el "proyecto ejecutivo" en agosto del 2010. Y que luego se variaron nuevamente las condiciones ya que la empresa eliminó algunas tareas y aumentó otras para que fuera aumentado el monto de la obra.
Favorecidos.
En otra causa que inició la fiscal Odasso contra las autoridades de una comuna, los implicados fueron favorecidos por una resolución del juez federal Pedro Zabala. El magistrado se declaró incompetente en el caso que investiga el "incumplimiento de los deberes de funcionario público" de la ex intendenta de General Acha, María Elena García, y otros ex funcionarios, por permitir que continúe en funcionamiento el cabaret El Amanecer, donde en marzo de 2011 se detectó a una chica de 17 años de edad prostituyéndose. El local fue inicialmente clausurado por la Justicia Federal. Pero luego, desde el municipio se permitió su reapertura.
La Fiscalía Federal había pedido que fueran indagados la ex jefe comunal, el ex juez de Faltas, Sebastián Sancho, y ex funcionarios y propietarios del local nocturno. Ante la excusa de Zabala, la fiscal Odasso apeló la medida para continuar avanzando en la causa, informaron fuentes de tribunales.
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