En agosto pasado, el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Criminales, Exequiel Walther, indagó el ex ministro de Salud y Acción Social Pablo Doro, al ex subsecretario de Acción Social Víctor Hugo Brandán y a otros tres ex funcionarios, en el marco de la investigación por las compras directas en Acción Social y el "negocio del hambre" montado con la comercialización de artículos para asistir a los sectores más vulnerables de la población.

Walther se hizo cargo de la causa en diciembre de 2010. Para entonces, ya habían pasado seis años desde el inicio de las pesquisas, y el expediente acumulaba 400 cuerpos, que ocupaban una pieza entera del edificio de Fiscalía.

Antes de recalar en el fiscal de Delitos Criminales, la investigación estuvo a cargo de las ex fiscales Patricia Olmi, actual camarista, y Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal.

A lo largo de los años, el abanico investigativo se abrió en forma desmesurada, con serias dificultades para reunir un plexo probatorio sólido debido a la desaparición de pruebas en la cartera de Acción Social, que se profundizó después de que un pedido de desafuero en contra de Brandán solicitado por el juez de Garantías Jorge Palacios fuera rechazado por la mayoría radical en la Cámara de Diputados, en mayo de 2005.

Fuentes judiciales explicaron que de Acción Social desaparecieron hasta computadoras que supuestamente contenían información valiosa sobre las compras directas ejecutadas durante la gestión de Brandán, y que los problemas para obtener pruebas documentales se vieron agravados debido a la "informalidad" con que se manejaron las contrataciones en esa etapa.

No obstante, después de tamizar las pruebas y establecer líneas investigativas más concretas, el expediente quedó reducido a 11 cuerpos y se reunieron elementos para avanzar en las indagatorias por presunto fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Aparte de Doro y Brandán, fueron indagadas la ex directora del Servicio Administrativo de Acción Social, Teresa del Carmen Miñaura; la ex encargada del Servicio de Contaduría de la repartición, Carlina Argentina Zurita, y el ex encargado de depósitos, Guillermo Martínez. Los cinco podrían ya ser procesados.

Walther profundizaría ahora las indagaciones sobre el grupo de proveedores que se benefició con el "negocio del hambre".

Las maniobras se montaron al amparo de un decreto acuerdo que, con el justificativo de la crisis social, elevó el límite autorizado para las compras en Acción Social y eximió al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera tendientes a impedir desdoblamientos de contrataciones que pudieran utilizarse para eludir los montos máximos dividiendo una transacción única en varias operaciones menores.

De acuerdo con un relevamiento realizado por El Ancasti en base a las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, durante los nueves meses en que Brandán se desempeñó como subsecretario de Acción Social, en 2003, se hicieron compras directas por unos 27 millones de pesos, con especial intensidad en tiempos previos a las elecciones -ese año hubo tres campañas proselitistas- y en los últimos días de la gestión del ex funcionario, antes de que asumiera en la Cámara baja.

En numerosos casos, al Tribunal de Cuentas le resultó imposible determinar si los elementos adquiridos habían llegado en efecto a manos de los beneficiarios.

Por añadidura, un 70% de las compras directas se cerraron con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales había iniciado sus actividades poco antes de comenzar a proveer al Estado. Esto hizo crecer las sospechas de maniobras ilícitas.

La falta de pruebas dificultó la elevación a juicio de la causa. Para llevar a esta instancia a los presuntos responsables, es preciso tener bien cerrado el plexo probatorio de los hechos que se les imputarán, pues de lo contrario todo el procedimiento podría ser anulado. La investigación tiene que pasar por el análisis de las defensas de los sospechosos y del juez de Garantías.

Walther dictó el decreto de determinación del hecho en agosto pasado, antes de convocar a los ex funcionarios a indagatoria. Allí especificó las contrataciones puntuales bajo sospecha, vinculadas a compras directas de alimentos, materiales de construcción, indumentaria, frazadas, medicamentos, servicios y hasta "juegos de ingenio".

Con las indagatorias se interrumpieron los plazos de prescripción. La Unidad de Delitos Criminales sigue incorporando pruebas.

Una investigación que se arrastra desde 2004

- En diciembre del 2000, el por entonces gobernador Oscar Castillo y su gabinete firmaron el decreto-acuerdo 1544/00, por el cual elevaron el límite autorizado para las compras directas -sin licitación ni concurso de precios- en Acción Social y eximieron al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera para impedir desdoblamientos de contrataciones. La oposición peronista calificó años después al instrumento como el "estatuto legal de la rapiña".

- Acción Social quedó desde entonces inmersa en la polémica por las sospechas de maniobras espurias. Antes de la causa penal que ahora se tramita en la Unidad de Delitos Criminales, iniciada en 2004, hubo otra impulsada por el ex fiscal de Instrucción Eloy Tapia Vergara.

- La causa por la gestión como subsecretario de Acción Social de Brandán se inició en 2004, a partir de una denuncia penal interpuesta por el ex diputado Fidel Sáenz. En los 9 meses que estuvo al frente del organismo, Brandán ejecutó compras directas por 27 millones de pesos. Más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado, única actividad, por otra parte, que desarrollaban. Además, un 34% de las compras se habían resuelto en los últimos 35 días de Brandán como subsecretario, antes de que asumiera como diputado provincial.

- En 2005, la mayoría del FCS en la Cámara de Diputados rechazó un pedido de desafuero en contra de Brandán planteado por el juez de Garantías Jorge Palacios.

-Brandán dejó la Cámara baja y se quedó sin inmunidad parlamentaria en diciembre de 2009. En diciembre de 2010, la causa que lo involucra pasó a manos del fiscal Exequiel Walther, quien lo indagó, junto al ex ministro Pablo Doro y otros tres ex funcionarios, en agosto pasado.

"Un aquelarre de maniobras ilícitas"

En mayo de 2005, el juez de Garantías Jorge Palacios solicitó el desafuero del ex subsecretario de Acción Social y por entonces diputado Víctor Hugo Brandán, para que fuera indagado en la causa de las compras directas. El planteo fue rechazado por la mayoría que tenía el FCS en el cuerpo.

Palacios argumentó que Brandán, "con personal a sus órdenes entre los que se encuentran familiares y amigos de su entorno, avasallando los elementales principios establecidos por el derecho administrativo e inclusive favoreciendo a empresas proveedoras que obtuvieron pingües ganancias", habría encabezado "un verdadero aquelarre de maniobras ilícitas".