Los diputados provinciales decidieron avanzar sobre la figura del procurador Mario Bongianino para que se indaguen más a fondo sus responsabilidades en los defectos investigativos que tuvieron el trágico desenlace de la muerte de Sofía Viale.

Los legisladores no pudieron actuar de modo contrario a lo que el reclamo popular viene planteando desde el mismo día en que se supo del crimen y de sus inconcebibles circunstancias, que pusieron en la picota al Poder Judicial (aunque no únicamente al Poder Judicial).

Bongianino, que en los meses previos a esta situación adquirió un alto perfil como acusador -también frustrado- se mostró rápido de reflejos para ponerse en guardia ni bien tuvieron lugar los episodios, ya que no tardó en responsabilizar al fiscal general de General Pico Carlos Salinas.

Para completar la escena, desembarcó mediáticamente en la norteña ciudad, donde armó una suerte de cumbre policíaco-judicial con la supuesta intención de dejar de lado las internas y marcar una nueva y más firme línea de trabajo.

Esa misma acción es la que, en parte, condena al propio Bongianino: si supuestamente tiene la capacidad de gestar este nuevo clima; si está en condiciones de ese aporte para el mejoramiento de la tarea; si una acción de su parte es positiva en ese sentido, quiere decir que también era en algún punto responsable de la desintegración y desidia previas.

La acción legislativa, en este caso, conduce a buen puerto: poner la mirada sobre el modo de actuación de la Justicia, que fue uno de los poderes que falló en este caso.

Sin embargo, una mayoría de diputados prefirieron mirar para otro lado a la hora de analizar las responsabilidades políticas: en forma demasiado dudosa, una mayoría salvó al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad César “Gogo” Rodríguez, bajo un argumento difícil de compartir, que es la consideración de que él no dirigía ni encabezaba la investigación.

Desde un principio, el papel del ministro en la historia fue más bien lamentable, incluso cuando intentó dar explicaciones ante la prensa, en una conferencia de prensa cargada de nerviosismo y -se confirmó después- de desinformación.

Pero por alguna razón el gobernador decidió respaldar firmemente tanto a su ministro como al jefe policial Ricardo Baudaux, lo cual trae una consecuencia inapelable: ambos funcionarios han perdido parte de su prestigio y tras quedar en el centro de la escena conservan sus cargos y funciones, pero ante la vista de la comunidad llevan consigo una mancha imposible de disimular que el fallo legislativo salvador no lava.

El proceso que llevó a este punto también expuso, como ha sido señalado, otras características de la realidad institucional pampeana: fue penoso ver el desfile de una mayoría de testigos que lo que hacían era deslindar responsabilidades o lavarse las manos.

Desde la fiscal Noelia Afonso hasta el presidenta del Superior Tribunal de Justicia Tomás Mustapich, pasando por el jefe policial y otros funcionarios, dejaron al desnudo la liviandad con la que importantes sectores institucionales de la provincia se toman la vida de los ciudadanos, generando incluso que esas conductas se naturalicen.

Mustapich aprovechó esas horas de micrófonos a mano para hacer su propia interpretación de la corporación a la que representa, y ensalzó la supuesta “democratización” de la Justicia pampeana, en el mismo acto en que admitió que la Justicia no fue aun capaz de revisarse después del Caso Sofía (a confesión de parte...).

Una lectura elemental es que la impunidad -que de eso se trata- se ha vuelto moneda tan corriente que ya no es una excepeción, sino la norma.

En tanto, la acción de los diputados, en ese sentido, no varía demasiado de la que han tenido los “representantes del pueblo” desde el regreso de la democracia: aún en el actual estado de cosas, que supone un bloque justicialista que no comulga con el ejecutivo y entonces le abre la puesta a miradas alternativas, la Legislatura se debe a sí misma una mayor madurez y riqueza de acciones.

A la vista de la comunidad, y con claras razones para ello, se extiende la sensación de que la complicidad entre poderes -o entre personajes de distintos poderes- ratifica a cada rato aquella idea de que una mano lava a la otra.

...y una de arena...

Un episodio puntual, que llamó la atención por varias características que lo volvieron extraño, instala una vez más la necesidad de una reflexión sobre el tránsito de Santa Rosa, uno de los problemas más graves que tiene la capital provincial y que merece de una mirada seria y una acción diligente por parte de sus responsables.

Desde ya que no son sólo los funcionarios municipales los culpables del actual estado de cosas, que es un asunto de larga data en el que además los propios ciudadanos tienen un rol fundamental, ya que hay cotidianas acciones temerarias, faltas de solidaridad, irresponsabilidades, que dependen de decisiones individuales.

El hecho puntual referido líneas arriba, de todos modos, hace necesario que el foco se ponga sobre quienes tienen -al menos en teoría- la autoridad para aplicar las leyes y ordenazas: si un grupo de inspectores salen de madrugada a la caza de motociclistas no lo pueden hacer transgrediendo las propias normas que tienen que aplicar y vulnerando los más elementales derechos de las personas, aun infractoras.

Un grupo de inspectores, moviéndose a contramano en la arteria que circunda la laguna, se abalanzó de manera violenta sobre un motociclista que intentaba escapar: el heho no terminó en algo peor porque la fortuna dio una mano.

La acción de los inspectores se vuelve, de ese modo, no sólo ilegítima sino que va en el camino contrario de la generación de conciencia en una población que también necesita de eso, y no sólo de la aplicación de mano dura a la hora de cobrar multas (que también es una parte de la historia).

Más allá de ese hecho concreto, que es apenas la punta de un iceberg -pero que desnuda, entre otras cosas la falta de capacitación, la ausencia de control por parte de los superiores-, lo que salta a la vista es la inexistencia de políticas que aborden la problemática del tránsito, y en ese caso sí que los funcionarios son responsables y tienen que rendir cuentas.

La actual gestión municipal no ha hecho más que discursear en torno a estas cuestiones, reclamando -en ese caso con tino- que los ciudadanos se atengan a las reglas mínimas de convivencia, que suponen cuidar la vida de quienes están alrededor (y la propia).

Las calles de la ciudad, sin embargo, son una exhibición de los peores vicios sociales: el apuro, el egoismo, la histeria superan claramente al bien común; la autoridad y las reglas han perdido todo sentido y capacidad de imponerse, aun desde la sensatez y desde la racionalidad.

Frente a ese escenario, la dirigencia política local ni siquiera se ha puesto en marcha para lograr que el área de Tránsito -asunto neurálgico para un gobierno local- quede en manos de una persona preocupada por la temática, conocedora del asunto y reconocida por su trayectoria y/o capacitación.

Más bien la sensación es que en estos temas, como en otras áreas, el gobierno avanza casi sin mirar, a los ponchazos, decidiendo las cosas sobre la marcha (a veces ni siquiera decidiéndolas) y contradiciéndose brutamente sin darse un tiempo ni un espacio para la reflexión.

El intendente Luis Larrañaga, sin ir más lejos, presentó como un mérito de su adminstración el hecho de que se legitimen las peligrosas picadas de moto, abriendo el viejo autódromo a un negocio privado y naturalizando el riesgo que deciden correr quienes participan de ese tipo de “competencias”, en las que además no falta el alcohol.

A los pocos días de haber tomado esa decisión salió a avisar que, repentinamente, se había resuelto poner bajo la lupa a las motos que circulan en la ciudad y controlarlas firmemente.

El jefe comunal llegó a plantear en ese momento que uno de los modos de aliviar de motocicletas el tránsito era que esos conductores se convirtieran en usuarios del transporte urbano de pasajeros: las noticias de las últimas semanas hacen innecesario señalar cuáles son los aportes -no precisamente positivos- que hace la empresa Dumas/Grupo Plaza.

El tránsito de la ciudad sólo puede abrigar una esperanza de solución si los responsables del asunto, empezando por el intendente, deciden dejar de discursear, o al menos si mientras lo hacen abordan seriamente la problemática, convocan a profesionales interesados y conocedores y comprenden que la recaudación por la vía de las multas es apenas de un capítulo en el que son vitales la educación y la concientización.