El pedido para que se investigue si hubo ilícitos en la contratación por parte del Siprosa de cursos para odontólogos y asistentes por $ 800.000 ya pasó la barrera de los 100 días en la Justicia. El problema, según los autores de la denuncia, es que a lo largo de este tiempo no hubo ningún avance significativo en la causa.

El 19 de febrero, y luego de que LA GACETA diera a conocer que el Tribunal de Cuentas (TC) había frenado el pago autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin, a la Fundación Salud (Funsal), los abogados Oscar López (PJ disidente) y Raúl Moreno (UCR) presentaron una denuncia penal. Mediante el Acuerdo 188, el ente de control advirtió sobre algunas deficiencias en el expediente del Siprosa. Por ejemplo, que el listado de estudiantes no haya sido acompañado por el número de DNI de cada uno ni tampoco de una constancia que acredite su pertenencia al Siprosa. También, reflejó incongruencias en las fechas (Ver "Cuestión de...").

En forma paralela a lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas, este medio reveló que la sede inscripta por la fundación era un departamento céntrico. Y que el número de teléfono que figuraba en la guía correspondiente a ese domicilio estaba a nombre de Raúl Penna, actual jefe de Gabinete del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Luis Manzur.

La denuncia recayó en manos de la fiscala María de las Mercedes Carrizo, luego de varios rodeos por excusaciones de fiscales y de magistrados. Esta, en abril, solicitó al juez Juan Francisco Pisa la apertura de una investigación jurisdiccional en contra del ministro Yedlin (goza de privilegios constitucionales). Sin embargo, el magistrado declaró nula -por cuestiones formales- la requisitoria de Carrizo. Paralelamente, la fiscala abrió una actuación complementaria: pidió la lista de asistentes a los cursos al Siprosa y tomó algunos testimonios.

Sin embargo, los denunciantes no están conformes. "No citó a los miembros de Funsal y no pidió el expediente a Personas Jurídicas. Vamos a pedir al ministro fiscal (Luis de Mitri) que precise estas obligaciones a la fiscala porque, en definitiva, están ligadas a una instrucción racional de la causa. Creo que la fiscala ya está incursa en una violación a los deberes de funcionario", advirtió López.

Distinta es la posición del abogado Agustín Ferrari, que patrocina a Yedlin. El letrado insistió en que no hubo delito. "No hubo perjuicio patrimonial al Estado, los cursos se dictaron y nos encontramos frente a una instancia de contralor administrativa dispuesta por el Tribunal de Cuentas", sostuvo. Luego, se refirió a la causa judicial. "Cuando se pretende judicializar la política, las visiones se apartan de lo técnico y el debido proceso judicial queda al margen para el peticionante. Eso constituye un hecho grave. La investigación tiene un curso normal, ajustada a los cánones de lo que constituye la investigación penal preparatoria. Es repudiable pretender invertir el principio constitucional de inocencia, que es el límite infranqueable que en un estado de derecho se debe respetar", planteó Ferrari.