El proyecto, que cuenta con el apoyo unánime de todo el partido oficialista y el aval del gobierno , pasó a la Comisión de Constitución y códigos de la Cámara de Diputados para ser analizado, informaron fuentes parlamentarias.

El texto sostiene que varios artículos de esta ley, aprobada en 1986, son violatorios de la Constitución de la República y chocan con las normas internacionales en materia de derechos humanos a las que Uruguay adhiere. Esos artículos refieren a que caducó el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, “equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”.

El proyecto se apoya en una resolución de la Suprema Corte, que estableció que la aplicación de la Ley de Caducidad es inconstitucional en el caso de la muerte de una militante comunista en 1974.