Sin embargo, la noticia acerca del cierre de la operación de Francisco Di Leva, el dueño de Camaronera, con un grupo inversor identificado bajo la razón social Río Salado (que tendría capitales españoles como respaldo y que encabezaría Alberto Castroarán, actual titular de la pesquera local Calme) fue dada a conocer por autoridades de esa cartera en el marco de un encuentro protagonizado por ex empleados de esa firma, que se habían dado cita allí, convocados por otras autoridades de la dependencia que tiempo atrás ofrecieron gestionar líneas de crédito para proyectos productivos, en conjunto con el Ministerio de Familia.

En ese encuentro paralelo se supo que un referente de Río Salado el lunes a última hora le envió un fax a las autoridades de pesca para anunciarles el cierre de la operación e informarles que persiguen realizar una serie de inversiones en la planta adquirida y presentar en breve un proyecto pesquero para reactivarla.

La cantidad de obreros

El Consejo Asesor, en tanto, en un cónclave que se extendió por más de seis horas, aprobó por mayoría la iniciativa de Aleua para San José, que contratará 60 obreros (30 de ellos ex operarios de esa planta) para procesar inicialmente para el mercado interno, con la promesa de emplear a 30 ex obreros más de esa firma cuándo recupere las habilitaciones para vender a la comunidad europea.

La embarcación con la que trabajará, además, será la garantía con la que responderá el empresario para cubrir el equivalente a cuatro quincenas completas de los empleados de planta y a dos sueldos de la totalidad del personal embarcado.

Esta propuesta se aprobó con el rechazo del Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA), que hasta último momento demandó que los 60 obreros contratados surgieran de las filas del ex personal de la planta.

Por otra parte durante el encuentro estuvieron presentes los inversionistas locales que realizaron la presentación formal de sendos proyectos que persiguen obtener una parte del cupo de la provincia para ser procesado, en ambos casos, en las instalaciones de la terminal pesquera artesanal.

La empresa Andrea SRL, de Alejandro Yarza, pretende 500 toneladas, aunque habla de una operatoria que no se extendería más allá de fin de año en el caso de la merluza que persigue procesar en la terminal. Sin embargo, como su iniciativa también apunta a la pesca de variado para otra finalidad, su proyecto se desdobló a pedido del Consejo y será analizados por separado.