En la primera resolución de la Junta de Gobierno partidaria, tras la asunción de José Cano como presidente, el radicalismo tucumano expresó su apoyo a la denuncia judicial realizada por supuestas irregularidades en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). La declaración exigió "una exhaustiva investigación" y el "castigo para los autores, cómplices y encubridores de los hechos de corrupción" expuestos en los Tribunales por los legisladores del centenario partido Silvia Elías de Pérez y Ariel García. "La denuncia judicial no sólo responde al cumplimiento de inexcusables responsabilidades del mandato popular, sino también al compromiso histórico de velar por la moralidad administrativa, la transparencia y el debido destino de los dinero del pueblo", expresa la resolución adoptada por el órgano partidario con la firma de Cano y de Juan Roberto Robles, secretario general.

La Junta de Gobierno de la UCR calificó de "gravísimos" a los hechos denunciados por los legisladores. Como se recordará, un control preventivo efectuado por el Tribunal de Cuentas había frenado obras de reparación de las luces de la fachada de la Casa de Gobierno, advirtiendo que iban a abonarse precios excesivos por luminarias y equipos. El presupuesto era de 128.768 pesos y los fiscalizadores consideraron que los costos de algunos ítems no eran razonables. En la demanda presentada ante la Justicia Penal, los legisladores radicales expresaron sus críticas para con la Ley 7.960 que faculta a la DAU a evitar el llamado a licitación en contrataciones de obras y servicios por hasta 150.000 pesos, con la sola declaración de trabajos "prioritarios" y/o "urgentes".