Las tierras se encontraban ubicadas, según el mapa de ordenamiento territorial de la provincia, en la categoría II (amarilla), de uso social y restringido para desmontes. Pero a escala predial es "de carácter orientativa" por lo cual puede llegar a ser ajustada, como sucede en el caso. Esta, al menos, es la normativa bajada por la provincia en el decreto 2211/10, en el inciso c 5.

En el proyecto, se sostiene que el proyecto de desmonte dejará 4701 hectáreas con vegetación, mientras que las netas a desmontar son 6.383 hectáreas. Se sostiene que tras las inspecciones no se detectó presencia o evidencia de asentamientos aborígenes, que el IPPIS no contestó respecto de si había o no uso de comunidades indígenas, y se adujo que desde las inspecciones referentes indígenas habrían reconocido que sabían que esta era una finca privada.

Según la convocatoria a audiencia pública, el desmonte se hará en cuatro módulos. La audiencia está prevista para el jueves 29 de marzo a partir de las 9 en la Sala de Cine de la Casa de la Cultura de Aguaray.