Trece proyectos de ley con tratamiento preferencial, un orden del día con dictámenes en mayoría y minoría, y el anunciado pedido del kirchnerismo de solicitar la interpelación del ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, por la contratación directa de una UTE para la concesión provisoria de la autopista Santa Fe - Rosario, forman un amplio abanico de temas para la última sesión de Diputados previa al receso invernal. Pero esta contratación además generó posiciones encontradas en el seno del Frente Progresista que intentaban ser salvadas en la reunión de bloque prevista para la siesta santafesina.

Entre las preferencias, se destacan proyectos de resonancia social como los referidos a las deudas por vivienda única, familiar y permanente, buscando un mecanismo para que el juez practique la liquidación del total adeudado y establezca la forma de pago así como otro referido a cambios a la ley de fitosanitarios para impedir fumigaciones en zonas aledañas a centros urbanos. La aprobación de estos proyectos dependerá de si obtienen o no dictamen entre hoy y mañana.

En el orden del día, figuran los mensajes del Poder Ejecutivo requiriendo aval a los acuerdos alcanzados por Fiscalía de Estado con policías y agentes transferidos al Estado desde el ex Banco Provincial de Santa Fe y autorizando la emisión de bonos para saldar las deudas.

Sobre ambos mensajes, hay dictámenes diferentes de comisiones, uno de los cuales lleva la firma de diputados oficialistas y el restante del justicialismo donde la principal diferencia es sobre la fecha de inicio del pago. La actual oposición pretende que se inicie en septiembre de este año mientras el oficialismo procura llevarlo al 2011.

El mensaje sobre policías alcanza a 6.342 efectivos con una deuda estimada en 75 millones de pesos que se empezarían a saldar con bonos en junio de 2011. Para los 565 ex bancarios, la deuda es de 40 millones de pesos.

En tanto, al cierre de la edición, la comisión de Juicio Político discutía los pasos a seguir ante la denuncia presentada por el ex juez Carlos Fraticelli contra el procurador general de la provincia, Agustín Bassó. El grupo de trabajo escuchó la ampliación del denunciante y recibió las respuestas del funcionario judicial y ahora le resta definir si solicitan una ampliación de datos o bien se dan por satisfechos y dejan para julio la elaboración del o los dictámenes, aconsejando o desestimando la apertura del juicio político.

También para la tarde está prevista la reunión de la comisión de Derechos y Garantías donde se discutirá un proyecto de la justicialista Silvina Frana de convocar a la coordinadora de Trabajo Carcelario que semanas atrás presentó un muy crítico informe sobre la situación de detenidos en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia.

La autopista deja huellas

Más allá de los proyectos, el tema que domina la agenda política es la decisión del Poder Ejecutivo de contratar en forma directa una UTE de dos firmas constructoras para una concesión precaria de 180 días de la autopista Santa Fe-Rosario.

La decisión del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente provocó un fuerte rechazo no sólo en el justicialismo, uno de cuyos bloques, el conducido por el kirchnerista Luis Rubeo, anticipó que pedirá en la sesión de mañana la interpelación de Antonio Ciancio, sino también en el seno del propio oficialismo.

Anoche, los radicales Darío Boscarol, Hugo Marcucci, Santiago Mascheroni y Leonardo Simoniello terminaron de bosquejar lo que será la postura del sector: pedir una audiencia urgente al ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti; la rescisión del contrato con la UTE, la administración del Estado de la concesión y el envío de los pliegos para licitar a la Legislatura. Esta dura postura sería acompañada por los restantes radicales y otros legisladores frentistas la mayoría de los cuales admitió haber sido “engañados” por Ciancio cuando concurrió a la Legislatura.

En tanto, el socialista Raúl Lamberto admitió que todas “las transiciones son complejas” e intentó minimizar las controversias internas indicando que “lo importante es que los pliegos ya están en la calle”. El mismo legislador señaló que ni el oficialismo ni el Ejecutivo se negarán a informar a la Legislatura pero rechazó la posibilidad de votar una interpelación. “Han pasado cosas más graves en la provincia y no hubo interpelaciones. El ministro está dispuesto a dar las explicaciones a la Cámara”, le dijo a El Litoral.

En paralelo a las voces del Ejecutivo, el socialista calificó lo compleja a la situación ante la decisión de Aufe de retirarse. “Era imposible que administre el Estado porque el personal automáticamente pasaba a ser dependiente de la administración”, fueron algunos de los argumentos.

Según Lamberto, Ciancio está dispuesto a revelar las firmas a las que se les ofreció realizar la transición y que no demostraron interés alguno.

Boscarol no descartó impulsar un proyecto para que Supercemento y Eddeca no puedan participar del proceso de selección del futuro concesionario si el Ejecutivo no da marcha atrás con la contratación directa. El legislador entiende que correrán con muchas ventajas en dicha etapa y no dejó de reconocer que ambas constructoras actuaron en los últimos tiempos como subcontratista de Aufe en tareas de mantenimiento en el corredor.