El fuerte embate de los diputados justicialistas exigiendo la anulación de la concesión provisoria de la autopista Santa Fe - Rosario por parte del gobierno provincial con Consorcio Vial y la inmediata vuelta del corredor a manos del Estado provocó notorias diferencias públicas en el oficialismo de la Cámara de Diputados. Radicales y demoprogresistas no acompañaron el tratamiento sobre tablas del proyecto de la oposición pero sí dejaron en claro la necesidad de ampliar la discusión del asunto en comisiones, especialmente a la luz de la observación legal firmada por el pleno del Tribunal de Cuentas y que tuvo ingreso ayer a ambas cámaras legislativas. En cambio, para el socialista Raúl Lamberto el dictamen “es una opinión” a la que calificó de “insustancial”.

Es más, ante la insinuación del kirchnerista Luis Rubeo de que la concesión precaria se prorrogue por otros seis meses, el radical Darío Boscarol le anticipó que en tal caso “nos encontrará votando junto a ustedes”.

En los 32 meses del actual gobierno es la primera vez que en el recinto de Diputados quedan expuestas las diferencias en el seno del oficialismo sobre una cuestión tan delicada. Reuniones y diferimiento de proyectos hasta encontrar acuerdos fueron la mecánica de funcionamiento del Frente Progresista en la Cámara Baja pero nunca esas diferencias se hicieron evidentes en el recinto. Ayer, el radical Santiago Mascheroni dijo que el radicalismo “no comparte los argumentos de Lamberto”, quien había cuestionado el dictamen del Tribunal de Cuentas. “No se discutió en el Frente el fondo de la cuestión”, acotó. No hizo falta que la oposición agregue más leña al fuego. Por estas horas, los jefes de bloque del justicialismo tienen firmada una presentación ante el fiscal penal en turno para que determine si corresponde o no abrir una causa penal por la contratación directa de la autopista. Añaden como elementos la versión taquigráfica de la presencia del ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y del secretario de Servicios Públicos, Antonio Boggiano, el pasado 28 de julio en la presidencia de la Cámara y las 18 fojas de la observación legal 39 del Tribunal de Cuentas.

Dictamen en mano

Tras la presencia de Ciancio en Diputados, Rubeo presentó el proyecto pidiendo la anulación de la concesión, la reasunción del Estado como prestador y la discusión legislativa de los pliegos para hacer la nueva contratación. La semana pasada solicitó un tratamiento preferencial del proyecto que el oficialismo le denegó. Ayer, solicitó el tratamiento sobre tablas pero respaldado por la observación del Tribunal de Cuentas que “ratifica las objeciones que venimos haciendo desde primer momento sobre el tema” y pidió retrotraer la situación al 28 de junio cuando terminó el contrato con Aufe y hasta tanto se analicen los pliegos del proceso licitatorio que el Estado preste el servicio.

“Es categórica la observación. La figura de la urgencia para contratar en forma directa no está probada; no hay dictamen técnico que avale la urgencia; el trámite debió ser autorizado por la Legislatura”, decía leyendo la observación y remarcando que hay fechas contradictorias, direcciones incorrectas de las empresas y un expediente que cuando lo firmó el gobernador tenía 17 carillas y ahora 252.

“Le pedimos al gobernador que sea prudente, criterioso y responsable; que se envíen a la Legislatura las actuaciones, que se dicte la ley para licitar y entonces será un proceso transparente que le dé garantías al futuro concesionario”, remató.

Cuando todo parecía que el tema iba a ser rechazado por la fuerza de los números, el oficialismo pidió hablar. Primero fue Leonardo Simoniello (UCR) quien admitió que el tema “es controvertido”; recordó que su sector ya había planteado la necesidad de que hubiera una ley. “Hemos leído las objeciones del Tribunal de Cuentas, algunas son correctas, otras discutibles. En el fondo tengo dudas y el tema debe discutirse en comisiones para despejar esas dudas. Nos hubiese gustado a los radicales probar una variante distinta a la del justicialismo en la autopista”.

Enseguida, Luis Alberto Mauri (PDP) también se pronunció por discutirlo en comisiones “porque el tema no es sencillo ni simple. Santa Fe tiene una historia donde el Estado no ha sabido hacer cumplir las obligaciones de las concesionarias”, acotó.

Le siguió Lamberto quien aseguró que el dictamen “es insustancial ya que hace referencias centrales a los eventuales incumplimientos formales de las empresas que se han hecho cargo de la transición. Hay déficit e incumplimientos formales que son salvados con actos administrativos”. Luego se comprometió a asegurar que la administración va a poder rebatir los argumentos del Tribunal y sostuvo que es una etapa de transición y “siempre las transiciones son conflictivas” y no dejó de recordar que esta actuación en lo formal del Tribunal de Cuentas no las tuvo en otras ocasiones y mencionó el caso de la compra de motoniveladoras en la gestión anterior.

Las intervenciones finales fueron de Boscarol y de Mascheroni que justificaron no votar sobre tablas el proyecto justicialista. El primero aclaró que “le estamos tirando con un cañón a un mosquito y a lo mejor la semana próxima tenemos que discutir una solución de fondo”. Lo dijo en referencia a que el miércoles se deben abrir los sobres de la licitación y en el caso de que quede desierta o bien ningún competir cumpla los requisitos exigidos por el pliego. Mascheroni se diferenció de Lamberto, convalidó la potestad que tiene el Tribunal de Cuentas para hacer las observaciones formales y aclaró que el Frente no discutió el fondo de la cuestión.