CONCEPCION.- Los trabajadores autoconvocados de la salud ayer definieron en esta ciudad un nuevo plan estratégico de acción, en el marco de las protestas que vienen realizando para que el Gobierno, en cumplimiento con el acta acuerdo refrendada en noviembre de 2009, los reconozca como interlocutores válidos para discutir mejoras salariales.

En un encuentro en el que participaron más de medio centenar de delegados de hospitales y centros primarios de atención (CAPS) de la provincia, los profesionales denunciaron que el Poder Ejecutivo ha incrementado las presiones contra los trabajadores que participan de la medida de fuerza. Aseguraron que directores de áreas operativas y jefes de CAPS están siendo obligados a que "delaten" a los que participan del paro.

"Vamos a denunciar penalmente a todos los que entreguen planillas con nombres de la gente que participa de la protesta", advirtieron. Los hombres y mujeres de la sanidad también adelantaron la intención de continuar con los quites de colaboración, pero profundizando la labor tendiente a mostrar a la opinión pública "la verdadera situación de la salud tucumana". Dijeron estar dispuestos a revelar todo lo que el gobierno esconde. "Vamos a salir a dar a conocer lo que se está haciendo en salud. A hablar sobre el destino de los dineros. A mostrar una realidad con más desnutridos, más menores drogadictos y alcohólicos y más adolescentes embarazadas", dijo Adriana Bueno, vocera de los médicos.

La asamblea que se realizó en el Club Médico local, según explicaron sus organizadores, se trató también de una "jornada de reflexión" en la que médicos, paramédicos y administrativos analizaron el conflicto, las consecuencias que enfrentan con las medidas de fuerza que llevan adelante y los pasos a seguir. Las decisiones analizadas en la oportunidad serán expuestas en las asambleas de delegados que se realizarán durante esta semana en Monteros y Ranchillo.

Llamada en espera

El encuentro se desarrolló en el marco de un clima en el cual la bronca y la angustia se mezclaron a causa de la muerte del ecografista Carlos Montenegro. El delegado de los autoconvocados en el hospital de Ranchillos sufrió un infarto el viernes, en su casa.

Los presentes lo recordaron como un profesional que participó activamente en las reivindicaciones del sector. "Fue un luchador que resultó víctima de las presiones que padecía, precisamente, por pelear por los derechos que nos asisten", se destacó en la evocación.

Los profesionales esperan que el arzobispo de Tucumán, monseñor Luís Héctor Villalba, convoque tanto al movimiento autoconvocado como al Gobierno provincial, para una reunión en la que se abra el diálogo entre las partes y, a partir de allí, pueda avanzarse en una paritaria que redunde en mejoras salariales para el sector.

Los gremios (ATSA y AME) acordaron con el Ejecutivo una suba del 16%, pero los trabajadores de la salud repudian ese acuerdo y lo impugnan por considerarlo "paupérrimo": aseveran que, en los hechos, representa una suba de sólo $ 83 para las categorías más bajas.

Los trabajadores recordaron que, a mediados de abril, el prelado se comprometió a realizar gestiones para convocar a las partes en conflicto a un encuentro durante este mes. En contraste, condenan que el gobernador, José Alperovich, haya dicho que no enviará a ninguno de sus ministros a participar de ninguna ronda de diálogo con el sector.

"Alperovich no cumplió con el acuerdo que firmó. Por eso, al decir él que nos dio todo lo que acordamos en la protesta anterior, está faltando a la verdad. No somos un grupo de caprichosos", apuntó Bueno. Los médicos debatieron durante más de 5 horas. Primero destacaron la necesidad de fortalecer la inserción del grupo en la sociedad. "Nunca cerramos las puertas a nadie. Siempre atendemos al que lo necesita y lo seguiremos haciendo. Pero la misma gente se da cuenta que no es posible que quienes estudian y calman a las personas que sufren, cobren $1.500", renegó la profesional. Y aclaró que ese monto ubica a los trabajadores de la salud debajo de la línea de pobreza. "Queremos un sueldo que por lo menos cubra una canasta básica para una familia de clase media, que es de $4.000", aseveró.

Presiones

Durante la asamblea, los delegados expusieron que hay presiones e intimaciones de parte de directores y jefes de áreas operativas, a fin de que brinden una lista de los que hacen paro.

"La instigación a la delación es un delito y la Ley de Obediencia Debida no se puede aplicar en estos casos -ironizó Bueno-. Ningún jerárquico puede decir que dará a conocer nombres de manifestantes porque el superior se lo ordenó. Eso no va más en la Argentina".

La médica insistió en que, si se presentan listas, "el movimiento va a accionar no contra el sistema sino contra la persona que haya ofrecido la nómina con su firma. Es lo que fija la ley", advirtió.