Si bien el tenor del escrito podría leerse con ojo crítico, no es menos cierto que está enmarcado en el pensamiento de no pocos vecinos que a través de distintas expresiones mediáticas reiteran, casi con angustia, que “algo debe hacerse” para enfrentar el flagelo de la inseguridad.

A nuestro criterio, y aún ante las imperfecciones que podría tener el proyecto a aplicar, lo valioso está en el hecho de que alguien se haya sentado a pensar una serie de propuestas que deriven en soluciones en el mediano y largo plazo. Porque hasta aquí, ha resultado harto fácil ver el diagnóstico y los resultados de las políticas que en la materia están siendo aplicadas. Sólo con mirar los archivos de los medios cualquiera puede darse cuenta que a pesar de algunos cambios coyunturales, el problema subyace y se torna cada vez más complejo en resolver. ¿Si es perfectible la propuesta?, es casi seguro, pero alguien debe dar el primer paso para aprender a caminar.

Explicaciones

Diván y Rolero pusieron en conocimiento del escrito al Consejo reunido el jueves pasado y lo dejaron en manos de Daniel Pérez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pico. Una propuesta está destinada al Poder Legislativo y la restante al Ejecutivo.

Diván ayer, en diálogo con este medio, adelantó que se trata “de pensar en el futuro de la ciudad de General Pico y de otras ciudades importantes. En el mundo existen las llamadas ciudades “dormideros” en los alrededores, no se construye una ciudad grande sino una ciudad y varias ciudades satélites. De esa manera se controla, la Policía logra saber con certeza quién vive en cada lado, algo que no sucede en Pico porque con el agrande que tuvo Pico se perdió todo el control. Es un punto más dentro de una propuesta integral” dijo Diván al fundamentar el por qué de la propuesta de no sumar más barrios en la ciudad.

Apenas conocida a través de los medios, la propuesta tuvo fuertes críticas, algunas de ellas apuntando al tono “discriminante” que asomaba en la misma. Diván referenció sobre ese pensamiento, “nos tratan de discriminadores, pero yo viví 19 años en el barrio Rucci, y allí reside gran parte de mi propia familia, incluso mis hijos, bajo ningún concepto decimos que la gente que reside en los barrios es la gente delincuente” justificó. En uno de los puntos del documento se pide “tolerancia cero”, para Diván el concepto se amplía a “todo el mundo, viva en los barrios o en la Avenida San Martín ya sea vecino común, legislador o policía, no se discrimina en ese sentido”.

La propuesta total

Se transcribe a continuación los lineamientos de la propuesta presentada. “El tema de la seguridad de una comunidad, hay que pensarlo como una mesa que se apoya en varias patas; casi seguro la más importante es la educativa pero es la que mas tiempo demorará en modificarse; pensar que la solución es sólo legal, es no hacer un buen diagnostico del problema. El problema es mucho más profundo y se requiere de una estrategia para llegar. El problema debería analizarse fríamente y luego encararse soluciones definitivas no parches-; se deberían dar cuenta que el problema de la seguridad, no se arreglara jamás cambiando unas leyes y destituyendo algún funcionario. Los cambios legales que aquí se proponen, sólo nos permitirán transitar los futuros años “vivos” hasta que la educación logre modificar la sociedad. Pero debemos arrancar ya planteando cambios definitivos”.

“Se debería tomar la decisión de no construir más barrios FONAVI en las ciudades más importantes y si hacerlo en las comunidades periféricas. Ciudades más pequeñas, y más controladas, permiten mayor eficiencia en seguridad. Sería una buena decisión política no aumentar mas barrios en General Pico y desarrollar Dorila, Metileo, Speluzzi, Vértiz, Trebolares, que están entre 15 y 30 kilómetros; habría que no sólo construir allí viviendas, sino escuelas etc. aquí hoy ya no hay agua potable para toda la ciudad, el sistema de cloacas esta colapsado, la energía en el verano es deficiente y esto no es un problema de la empresa que administra esos servicios; la ciudad no fue pensada para tanta cantidad de gente. La policía no puede controlar los barrios, ya que ni siquiera conoce quienes viven allí. En todo el mundo ya se sabe que lo mejor es desarrollar muchas ciudades pequeñas periféricas y no una sola grande”.

“Adjuntamos por separado y analizado en forma minuciosa, la propuesta de reformar el Código Procesal Penal en los arts. 181; 251; 252; y 261. Se debería llamar a licitación para la construcción de una cárcel de encausados; los jueces deben poder ordenar las detenciones dictando las prisiones preventivas sin tener que pensar como ahora, adonde mandaran los detenidos; no hay lugar en ningún lado; las comisarías están llenas. En las comisarías, hay celdas donde están hacinados los detenidos ocupando una celda de 4 x 4, uno sentadito al lado del otro. Lo único que allí se hace, es un curso acelerado de delincuente, donde el más hábil le enseña al menos hábil a desconectar una alarma, a romper una ventana, etc. y hasta le indica quien le puede comprar lo robado.

“Se debería designar un ministro que esté imbuido y compenetrado de todo este cambio. Crear una nueva ley como lo es el Código Procesal Penal actual donde “el fiscal es el investigador de los hechos” y no dotarlo de la infraestructura necesaria para que lo haga, es mínimamente una insensatez, producto de que no se tiene razón del cambio que se ha producido; por ello proponemos que se designe a alguien que entienda de que se trata el problema. Crear la policía de investigación judicial (que la forme personal capacitado universitariamente en investigación delictual por ahora podría arrancar con policías jubilados que tienen experiencia en ello- pero debe finalizar en un cuerpo profesional formado universitariamente con sueldos acordes a un profesional. Este cuerpo no debe pertenecer a la Policía; debe pertenecer a la Justicia, específicamente integrar la Fiscalía. Este cuerpo debe también estar al frente de la oficina de Asuntos Internos y controlar a la Policía”.

“La Policía solo debe usarse como es en todo el mundo, para “peinar la calle”, pero la dirección debe estar profesionalizada; lo que en otros lugares se conoce como “cuerpos de detectives, formando parte y dependiendo de la fiscalía”. Un Fiscal sabe de Derecho y sabe qué normas debe respetar; y si no lo hace, si avasalla ilegalmente los derechos de los ciudadanos, que sea destituido por juicio político. El Jefe de Policía debería ser un civil elegido en voto popular cada 4 años, como lo es en el sistema Americano. El policía debe tener un sueldo acorde a su trabajo. Es muy importante la labor que desempeña como para olvidarse de ello y se debe premiar al honesto y al otro, desterrarlo.

“La instalación ya del sistema de juicio por jurados establecido desde hace muchísimos años en la Constitución Nacional y nunca aplicado. Que sea el pueblo honesto y moralmente intachable, el que decida condenar o absolver. El juez sólo debe conducir el proceso y aplicar la pena, pero juzgar, que juzgue el pueblo con un cuerpo de asesores letrados que los ayuden a analizar y comprender las pruebas incorporadas al proceso. Pero la decisión debe estar en manos del ciudadano común. Régimen de tolerancia cero para todo el mundo; ello no sólo implica al ciudadano, sino también a los funcionarios de los 3 Poderes. En síntesis, para todo el mundo”.

Posición Humanista

A través de un escrito remitido a la prensa pampeana el Partido Humanista afirmó que “teníamos razón: ¡elección directa de jueces y comisarios ya!”. Y agrega, “ante el accionar antipopular de miembros del Poder Judicial, el último absolviendo a los imputados en el caso Marita Verón en Tucumán. Pero antes las cautelares que obstruyen la vigencia y aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (aprobada en las Cámaras por amplia mayoría), la liberación de violadores que salen para violar y asesinar (sólo por citar uno el caso Carla Figueroa, en La Pampa)”. Sostiene que “basta pesquisar en el origen de la formación del Poder Judicial para encontrar su dependencia de los poderes reales: económico, político y eclesiástico”.

El Partido Humanista recordó una de las propuestas de democratización del Poder Judicial: la elección directa y popular de jueces junto a la creación de la carrera judicial, acompañada de la elección directa y popular de comisarios junto a la modificación de los planes de estudio de las escuelas de policías para la defensa de los derechos humanos y comprometidas con los intereses del pueblo. Concluye que “esta propuesta de democratización del Poder Judicial se complementa con la Ley de Responsabilidad Política a través de la cual los candidatos electos (de los tres poderes) arriesgan el desafuero y el juicio por estafa a la confianza popular en caso de no cumplir con la plataforma o la función para la que fueron elegidos”.