Muchas de las irregularidades fueron señaladas por el inspector que contrató el gobierno, el que fue echado porque, según sospechan los denunciantes, detectó demasiados incumplimientos.

La presentación fue concretada por los diputados Adrián Peppino, Claudia Giorgis, Luis Solana y Hugo Pérez y es resultado del estudio del voluminoso expediente del Autódromo al que accedieron hace dos semanas. "La evaluación y lectura detenida de las fotocopias de varias fojas, sin dudas amerita que derivemos el tema a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas", informaron los legisladores minutos antes de ingresar al órgano de control. "Hay una serie de irregularidades señaladas por el propio inspector de la obra, irregularidades que no han sido tomadas en cuenta por la autoridad que gestionó la obra, que es el Ministerio de Obras Públicas". El inspector que actuó en los primeros momentos de la construcción es un profesional oriundo de General Pico de apellido Olivero. Fue contratado por el MOP al solo efecto de verificar la calidad de los trabajos, pero hace un tiempo fue desvinculado sin que en el expediente figure motivo alguno.

Ayer al mediodía, el diputado Adrián Peppino fue el encargado de enumerar ante la prensa las principales irregularidades que encontraron hasta ahora. "Advertimos la exigencia de una frezadora trimmer, una máquina que se necesita para un trabajo de calidad como es el circuito. Se utiliza esta máquina en las obras más importantes que se han desarrollado en el país. El mismo (Omar) Jubete -propietario de la empresa homónima- reconoció que empezó a detectar una serie de errores, por lo cual no es utilizada". El costo del trabajo de esta máquina está valuado en 1.000.000 pesos en el pliego. "No hemos visto deductivo alguno -de ese millón de pesos- ni la justificación de porqué no se sigue utilizando". Según estimó Peppino, la máquina ya no está en el predio de la pista.

Cemento.

Una muy grave omisión que detectó el inspector Olivero fue que no se colocó la capa de cemento que debía estar por debajo de la carpeta de rodamiento. "Estaba exigido en el pliego y comprometido por la empresa Jubete, no se realizó y ya se tapó. Queremos saber cómo impacta en la calidad. Este trabajo está valuando por el propio inspector y de acuerdo a la cotización en 800.000 pesos. Tampoco hemos visto justificación ni deductivo alguno".

Las demoras no multadas son otros puntos sobresalientes de la denuncia. Todas las empresas y todos los trabajos están atrasados y en ningún caso se aplicó multa alguna. "La Ley de Obras Públicas -indicó el legislador- marca que ante una demora de más del 5 por ciento en el plazo de avance de obra, la empresa debe ser multada, porque si no al momento de no estar completada la obra en el plazo previsto, las empresas pueden pedir ampliación de mayores costos", explicó el legislador.

No sólo que no se las multó sino que "como agravante han pedido ampliación de plazo de 90 días. Esto significa más plazo y más plata, y no multa. Hay varios agravantes en la actuación de los funcionarios que han intervenido en la obra", reiteró.

En su informe final, el inspector advirtió el tema de los desagües del enorme predio, los que según el pliego debían ser de hormigón y sin embargo se hicieron de PVC. "Es un tema importante porque el terreno tiene una serie de desniveles", alertó el legislador.

"Por todos lados".

Las irregularidades advertidas por el inspector quedaron plasmadas en los informes que incorporó al expediente antes de irse. Ese inspector ya no está más, hecho que a juicio de los diputados es producto de su celo por la calidad del trabajo. La inspección ahora la realizaría Vialidad Provincial, organismo que, como también recordaron los diputados, tiene una cercana relación con la empresa Jubete.

"Vemos que a partir de estas observaciones el inspector ha sido separado", remarcó Peppino. En el expediente "no hay argumento ni justificación alguna sobre el motivo" de ese apartamiento. Tampoco encontramos constancias de autorizaciones para modificar las características estipuladas en el pliego. "Hay irregularidades por todos lados", sentenció Peppino.

A juicio de los denunciantes, no hay duda alguna de que el precio final será prácticamente el doble de lo estipulado originalmente. "El costo va a llegar a 100 millones y encima no sabemos cuál va a ser la calidad definitiva".

"Por eso -concluyó-, le venimos a decir al fiscal (Juan Carlos Carola) que se remita a lo que hemos visto, que evalúe la responsabilidad de los funcionarios y eventualmente se derive a la justicia penal". Consultado por las principales responsabilidades, mencionó al director de Obras Públicas, Daniel Ucciardello, "que es uno de los que ha hecho el seguimiento de la obra", aseguró.