Aunque aún no tiene fecha de tratamiento legislativo, el proyecto de ley de autarquía judicial ya está redactado en un 95% y se encuentra en el ámbito de la vicegobernación. Allí el justicialista Carlos Ciurca espera la llegada de un informe con movimientos de fondos públicos para concluirlo. "Estamos viendo el tema del cierre 2012 y el traspaso de saldos contables de cuentas patrimoniales asignadas al Poder Judicial para terminar de redactar el último artículo", confirma Ciurca.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la UCR -según ratifica el senador Armando Camerucci- y la predisposición de acompañarlo por parte de legisladores del Partido Demócrata "en la medida en que se garanticen los fondos para un funcionamiento normal del Poder Judicial", tal como indicó el senador Carlos Aguinaga.

Se estima que la propuesta será presentada ante la Suprema Corte de Justicia -donde predomina el rechazo- antes de llegar al recinto para su tratamiento, posiblemente durante el mes de agosto.

El borrador del proyecto consta de 14 artículos de los cuales 13 ya tienen forma. Establece que "el Poder Judicial tendrá autarquía financiera con capacidad propia para actuar en ámbitos públicos y privados". Y le fija como atribuciones y deberes "la confección y presentación de su presupuesto anual (ante el Ejecutivo y un mes antes de que éste lo presente en la Legislatura); la administración de su presupuesto y patrimonio y la dirección de su sistema de compras. También establece que el Poder Judicial presentará sus rendiciones en forma directa al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sin intervención de la Contaduría General.

También deberá "acordar mediante los mecanismos impuestos, los salarios de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, los cuales serán ratificados por ley".

Es decir que prevé la transferencia a la Corte, de la responsabilidad total de negociar aumentos salariales con sus empleados, en la paritaria más dura para el Estado provincial de los últimos dos años.

En la actualidad la negociación aún no ha finalizado, está prevista una reunión en ámbitos de la Iglesia Católica el lunes 23 y existe un decreto aún no ratificado por la Legislatura que ordena un aumento del 20% a partir de mayo, rechazado por el gremio.

Además está en ciernes la convocatoria a una segunda paritaria, para los funcionarios del Poder Judicial, desgajada de la negociación salarial de los empleados. Todo en medio de una fuerte puja interna por el reparto de los fondos que crece en Tribunales dada la fuerte dispersión salarial con diferencias de 18 a 1 entre los jueces que más ganan (55 mil pesos) y los empleados de menos ingresos (3 mil).

El Poder Judicial tiene aprobado este año un presupuesto de 732 millones de pesos de los cuales 703 están destinados al pago de sueldos de jueces y empleados.

"Si la autarquía judicial se reduce al endoso de una paritaria complicada, no servirá para nada", cuestionan en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. "Significará andar a los codazos por fondos con otras autarquías como las municipales", dejan caer integrantes del alto tribunal que hablan a título personal, pero desnudan una postura mayoritaria de conjunto.

La transferencia de la responsabilidad de llevar la (o las) paritarias judiciales del Ejecutivo a la Corte colocaría al máximo tribunal en la incómoda situación de defender su "enganche salarial" con los integrantes de la Corte nacional delante de empleados y funcionarios que reclaman una reducción de la brecha actual del 18 a 1 en medio de una situación de fondos limitados. "La autarquía será un baño de realidad para una Corte que no vive con los pies en la tierra", dispara un legislador radical defensor de la iniciativa.