Marciano Martínez no necesita mucha presentación ante la comunidad paranaense. Su lugar en la sociedad no sólo lo ata a su desempeño como abogado penal, sino también como un hombre de la política. Fue funcionario, integrante de la Convención Constituyente de 2008 y hasta director de Ek Diario. Sus primeros pasos por esta Hoja fueron cumpliendo la función de corrector, cuando apenas tenía 15 años. Cada tanto es parte de casos resonantes para la sociedad, como el caso Céparo, donde defiende al acusado de homicidio del joven de Cerrito. No escapó a las polémicas y cuando se reformó la Constitución estuvo en una banca defendiendo sus ideas. Cuando se lo convocó para una entrevista, no dejó pasar la pregunta de rigor: ¿por qué? “La idea es hablar de varios temas”, se le adelantó.

Según lo propuesto, Martínez habló de todo y respondió cada una de las preguntas con total serenidad en más de una hora y media. Lo que quedó afuera fue simplemente una cuestión de edición, ya que el entrevistado en ningún momento solicitó que lo que estaba narrando era solo para el cronista.

–¿Ha crecido o descendido el delito en Entre Ríos? ¿Y en qué medida?

–Por lo menos la actividad delictiva se mantiene. Es posible que haya hechos de violencia que antes no existían. Lo que sí no se puede negar es que hay violencia en todas las capas sociales: en la marginal, en la clase media y alta. También hay una constante que es la corrupción y que se está dando en todos los niveles. Esto hay que decirlo.

La corrupción en el sector público va acompañada del poder.

En el sector privado explota cada tanto, pero más seguido. Como el caso de Waigel. Ahora, ¿hace cuánto sabemos que algo pasaba con esta causa?

Sucede que recién nos enteramos de la gravedad cuando los metieron presos. Igual no conozco el expediente.

–¿Qué evaluación hace del sistema penal de Entre Ríos en su conjunto?

–Lo veo muy mal. En primer lugar tenemos un Código Procesal Penal nuevo que ya se puso viejo y que no funciona en la mitad de la provincia. No hay conducción en la aplicación de este nuevo sistema. No sabemos cuándo va a llegar a Paraná. Lo que sabemos es que en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se han acumulado miles de causas y no da abasto. Esto tergiversa el procedimiento, porque eso que se estaba llevando adelante con la oralidad, llega al STJ y vuelve a ser escrito. En el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados hemos pedido al Superior que se creen de forma urgente las cámaras de Casación, pero nunca nos contestaron. Pareciera esta una fórmula que utiliza el poder. Los otros días abrieron cámaras en lo Contencioso Administrativo. No está mal. Eso sí, las de Casación son más importantes, pero como son para temas penales donde el que padece es el humilde, quizás no interese. Eso pienso yo, que soy mal pensado.

–¿Por qué dice que el nuevo Código Procesal Penal está viejo?

–Porque fue hecho hace 10 años. Continuamente van pasando cosas en el Derecho Penal. Por otro lado hay una mitad de la provincia donde se aplica y la otra no. Acá nos encontramos que no hay una igualdad. Esto no corresponde que sea así. O se aplica en toda la provincia o no se aplica.

–En la investigación aparece siempre la Policía Judicial como una cuestión fundamental del proceso. Este órgano estaba estipulado en el viejo Código, se repite en el nuevo y hace dos años que el Presupuesto lo prevé. ¿Por qué no se concreta?

–La Policía Judicial tiene una gran importancia. Es el aporte técnico en la investigación. En el anterior Código, en la década del ’70, se suspendió porque la fuerza no tenía técnicos suficientes. Ahora los hay, pero el Poder Judicial no se ha mostrado interesado en este tema. Sí ha creado un cuerpo médico, de psiquiatras y psicólogos. Pero en Tribunales creen que la creación de ese órgano investigativo no les corresponde.

Drogas

–En los últimos tiempos uno puede ver en distintos medios de comunicación locales la cantidad de droga que se ha incautado en la provincia. ¿Cuánto de bueno y de malo tienen esas noticias?

–Hay mucha droga en el país. Pareciera que es el paraíso. Acaban de capturar a uno de los narcos más importantes del mundo, lo que indica que la Argentina es un buen lugar para que estén los narcos. Se secuestra droga, pero sabemos que son pequeñas porciones y que es insignificante para lo que se mueve. Hay que replantearse cuál va a ser la competencia: si la Policía provincial o Federal. O una o la otra. O, en todo caso, coordinar y trabajar en conjunto. Pero hoy, la eficacia no es buena y lo que se agarra son perejiles.

–Los casos en los que están involucrados dirigentes políticos, suelen enjuiciarlos o empezarlos a investigar una vez que terminaron su mandato. ¿Esto es una casualidad o tiene que ver con los tiempos de la Justicia?

–Algo de todo eso hay. He intervenido como abogado defensor de funcionarios públicos o gobernantes que después, en otro gobierno de distinto color político, aparece la criminalización de su actividad. Pero también debo decir que hay funcionarios del mismo color del partido gobernante que los están investigando. Fui abogado defensor de (Sergio) Montiel y me parece que había cierta predisposición para criminalizar los actos de Montiel. En muchos casos no estaban los elementos suficientes para investigar un delito en su contra. Por otro lado, aunque no lo pueda probar, se sabe que hay conexiones entre el poder político y la Justicia. Esto ocurre en todo el mundo.

–Hubo órganos como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y ahora la Oficina Anticorrupción (OA). Algunos dieron resultados, otros no. ¿La corrupción en la función pública se tiene que investigar desde un órgano dependiente del Poder Judicial o debe ser extrapoder?

–En la Convención Constituyente se vio esto. Julio Federik, con buen criterio, impulsó la Fiscalía Anticorrupción que dependa del Ministerio Público Fiscal, pero no conozco que haya algo de eso. Tiene que ser un órgano con especialistas que conozcan la administración pública y las cuestiones financieras y económicas. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no tiene trascendencia. Esos órganos son acompañantes de una gestión.

Periodismo y Justicia

–¿Se actúa de oficio como correspondería o se suele hacer la vista gorda en Tribunales cuando se conoce un tema?

–Muchas veces la noticia periodística suele ser cabeza de un expediente. Pero tiene que haber una sospecha seria.

–¿Qué evaluación hace del tratamiento que el periodismo le da a los temas policiales y judiciales?

–No me gusta el periodismo. Primero porque desconocen cuestiones esenciales. Los periodistas que actúan en estas cuestiones no se interesan por formarse. Segundo, veo un periodismo parcial, que toma partido por una parte y siempre apoyan a algunos abogados que tienen resonancia pública. Me ha pasado que a veces me siento censurado. Muchas veces estuve en soledad diciendo una cosa mientras en los medios se decía otra y terminé teniendo razón yo. Toda esa prédica no sirvió para nada. Nunca me llamaban.

–Los abogados mediáticos es una cuestión de personalidad de cada uno de ellos, o su exposición forma parte de una estrategia para generar una presión a la Justicia?

–Nosotros sabemos quiénes son los mediáticos, pero más nos entristece cómo se llega a ser mediático.

–¿Cómo?

–Con periodistas operadores.

–¿Está bien que los funcionarios judiciales hablen por sus sentencias o los tiempos de la información han cambiado y es necesario explicar para evitar confusiones?

–En principio, el juez se expresa a través de su sentencia, que debe ser clara y tener fundamentos valederos. Hay algunos fiscales que hablan y no se les entiende porque citan muchos autores y le quitan continuidad al relato.

Ilarraz y la prescripción

Martínez dice seguir día a día la trama del caso Ilarraz. La lectura lo indigna, pero esta vez no por la forma en que se presenta la noticia, sino por el contenido de la misma.

–¿Cómo ve el caso y qué destino avizora?

–Creo que es un delito abominable. Muy grave por las víctimas y muy grave por los fuertes daños que ocasiona a los católicos. No he participado del caso, pero he leído lo que se publica y he leído los argumentos del fiscal para decir que no hay prescripción. Y la verdad, no me gustan; estoy acostumbrado, como abogado defensor, a contradecir a los fiscales. El fiscal que interviene en el caso dice que la causa penal no está prescripta y da algunos argumentos en los que da a entender una analogía con los crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto no es así. Más allá de que sea repugnante el hecho que se está investigando no se lo puede asimilar con delitos en los que participa el Estado. Segundo, dice que el interés del niño prevalece sobre las garantías constitucionales. Esto es un disparate. Las garantías del niño están dentro de un ordenamiento jurídico. No se puede aplicar con retroactividad la Ley Piazza que se promulgó hace un par de años. Me aflige que un fiscal tenga esos conceptos.

Al margen

Martínez fue convencional constituyente en 2008 y muestra una cierta angustia cuando ve que muchos de los institutos creados no han sido reglamentados. “Hay un silencio muy grande. La verdad, la culpa también es nuestra porque no nos hemos juntado, ni siquiera para brindarle un homenaje a Alba López tras su fallecimiento. Fue una mujer que se vino de Córdoba a la parte más marginal de la provincia de Entre Ríos como es Feliciano. Se merece un homenaje, es una deuda”, dijo.