Así lo expresó el gobernador en Tupungato, un día después de que el Senado provincial dejara al borde de la sanción definitiva a la norma que limita al máximo el beneficio de salidas transitorias para los presos.

En la escandalosa sesión del Senado no sólo hubo un triunfo del radicalismo, sino que también se repitió la ambigua postura que mostró el PJ en este tema desde que se comenzó a tratar en Diputados.

Es que siete senadores del oficialismo se ausentaron este martes de la votación, lo que frustró la posibilidad de evitar que se impusiera el proyecto opositor. Con esos votos, el peronismo podría haber empatado. En ese caso, todo quedaba en manos de la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo, quien con su voto tenía la chance de enviar la iniciativa al archivo.

Pero el PJ no quiso ahora, ni nunca, quedar en la vereda de enfrente de los familiares de víctimas de delitos, que quieren mano dura con los presos. Cuando el Código de Ejecución de la pena del diputado Luis Petri se trató en Diputados, el peronismo abrió el camino a la aprobación del proyecto en general, a pesar de que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo estaban en contra.

La oposición al articulado y el amago de hacerle modificaciones al proyecto fue el gesto simbólico del PJ local hacia la Casa Rosada, que manifestó a través de sus diversas usinas que el proyecto van en contra del modelo kirchnerista en materia de política delictiva.

Inconstitucionalidad. El gobernador no echará mano de su facultad de vetar las leyes a las cuales se opone, pero espera una ayuda de organismos de derechos humanos o abogados de los propios presos para no quedar mal con la Casa Rosada.

En efecto, Pérez señaló que la Suprema Corte puede declarar inconstitucional la norma si alguien presenta una acción en su contra. Esa es la gran apuesta del Gobierno. Así lo confirmó el director del Servicio Penitenciario de la provincia, Sebastián Sarmiento, quien declaró que "va a ser muy sencillo" que la ley Petri sea anulada en la Justicia.

"La ley modifica sustancialmente aspectos de la ley 24660 (ley nacional de Ejecución de la pena privativa de la libertad) que es parte complementaria del Código Penal. Como el Código es legislación de fondo, la provincia no puede legislar", explicó Sarmiento.

El funcionario explicó que unas de las modificaciones del Código de Ejecución de la Pena de Petri afecta el beneficio de la libertad asistida. "La ley Petri disminuye de seis a tres meses antes del final de la condena el tiempo para pedir la libertad asistida. Eso no lo puede hacer la provincia", sentenció.

Mamarracho. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, al Gobierno no le queda otra que cumplir con la ley, por lo cual Sarmiento indicó que el Ejecutivo tratará de "atenuar este mamarracho" por la vía de la reglamentación.

El funcionario prometió que habrá muchos cambios para "aminorar los efectos negativos" de la ley opositora y desde ya sugirió que habrá un paraguas para su aplicación, dado que, a su entender, entraría en vigencia efectiva recién dentro de dos años y medio o tres.

No obstante, Sarmiento aclaró que el gobernador había "comprometido su palabra" a favor de que hubiera una ley que corrija los problemas de inseguridad que han generado en algunos casos las salidas transitorias de presos. "Y eso lo va a cumplir", agregó.

A su vez, aunque en la red social Twitter descargó una crítica feroz contra los senadores que votaron a favor del proyecto de Petri en el Senado, se cuidó de no cuestionar a los siete peronistas que huyeron del recinto durante su tratamiento. "No había que dilatar una discusión cuando estaba cerrada", expresó.