Nueve personas murieron y al menos 360 resultaron heridas entre ayer y el viernes durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que desalojaron a los manifestantes y prendieron fuego las carpas en las que acampaban. Los activistas reclaman la dimisión inmediata de la Junta Militar que gobierna el país, pero el nuevo gobierno se limitó a denunciar una “contrarrevolución” de supuestos infiltrados.

El flamante primer ministro, Kamal el Ganzuri, indicó que 18 personas fueron heridas de bala, pero aseguró que ni la Policía ni el Ejército abrieron fuego. Acusó a “elementos que no quieren el bien de Egipto” pero no dio más precisiones. Sólo dijo que “los que están en la plaza Tahrir no son los jóvenes de la revolución, sino de una contrarrevolución”. Un discurso similar al que adoptaron los gobiernos de Siria, Libia, Túnez, Yemen y otros países antes de reprimir ferozmente las protestas.

Mientras los votos de la segunda fase de elecciones legislativas siguen contándose –en la primera, el 65% de los sufragios fueron para partidos islamistas–, los manifestantes exigen que la Junta Militar transfiera el poder a una autoridad civil. A través de un comunicado, los jerarcas militares manifestaron “desolación” por los disturbios y anunciaron que indemnizarán a las familias de los fallecidos.

Corresponsales internacionales pudieron ver cómo los militares y policías en Tahrir amenazaban de muerte a los activistas, destrozaban sus celulares y cámaras, los castigaban con palos y gases lacrimógenos y los embestían con piedras luego de infiltrarse disfrazados de civiles.

Los Hermanos Musulmanes, la fuerza victoriosa en los comicios, denunciaron que “no se ha castigado a ninguno de los militares que ordenaron estos crímenes”.

En el acceso de Tahrir desde la calle que lleva al Parlamento, los uniformados construyeron un muro de hormigón que bloquea el paso. Una metáfora de las relaciones entre la Junta Militar que sucedió a Mubarak y el pueblo egipcio.