Días atrás, el Gobierno nacional autorizó a las empresas de medicina prepaga cuatro aumentos de nueve por ciento cada uno, que comenzaron en agosto pasado, continúan este mes y finalizan en enero del 2022. De esta forma, para lo que resta del 2021, el sector tendrá un incremento de 27 por ciento, que se suma a un 14 anterior.

Sin embargo, ante el encarecimiento de uno de los derechos esenciales para las personas, como lo es la salud, desde la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), se realizó un reclamo colectivo, al que adhirió el 80 por ciento de las asociaciones de consumidores, para que se revea la medida y sea derogada.

En diálogo con Radio Universidad, Osvaldo Bassano, titular de ADDUC, se refirió a la presentación, que tiene como objetivo evitar el nuevo golpe a los bolsillos, en una cuestión esencial: “Se especificó una serie de fundamentos jurídicos, prácticos, económicos y sociales, que explican que no se justifica el aumento”.

“Manifestamos que sigue la irregularidad en lo que se puede llamar la autorización de aumentos fuera de lo que establece la Ley de Medicina Prepaga y los decretos de regulación, que dicen que debería haber un aumento por empresa, siempre que pueda justificarlo con sus balances, sus inversiones y sus actividades”, indicó.

En ese sentido, aseguró que “no puede aplicarse un aumento de forma inmediata y sin avisarle al consumidor, al menos, con 30 días de anticipación”. “Esto viola el Artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor y el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que, para muchos, siguen siendo papel higiénico”, cuestionó.

Además, afirmó que las compañías encarecen sus servicios por encima del Índice de Precios al Consumidor, que ya es muy alto: “Hace 16 años que las empresas de medicina prepaga tienen un incremento del cien por ciento por encima de la inflación. Y, con estos aumentos autorizados hasta enero del 2022, se llega al 62 por ciento, con lo que esta situación va a seguir”.

Como si esto fuera poco, Bassano sostuvo que estos ajustes en las firmas no se tradujeron en una mejora del servicio, aún, durante la pandemia de coronavirus: “La inversión de estas empresas ha sido la evasión. Han cerrado sanatorios y clínicas y se han dedicado a hacer inversiones inmobiliarias y canales de televisión”.

Por último, señaló que “existe una falsa postura de estas empresas, que dicen que están desfinanciadas”. “No se puede permitir que una empresa juegue a la timba financiera con la salud de las personas. El Estado no se puede desatender de la salud porque la Constitución obliga a eso, a la protección de las personas”, concluyó.