El próximo aumento de tarifas de servicios públicos quedará para el año que viene. Así se desprende de declaraciones del Gobierno sobre el tema. En luz, la responsabilidad será de las provincias, mientras que el Poder Ejecutivo nacional impulsará posibles incrementos en gas, pero no lo terminará de definir durante este año.

El último incremento de luz (distribución eléctrica) fue anunciado en diciembre de 2018, y puesto en vigencia desde febrero. Para el próximo, en el Poder Ejecutivo señalaron que será una decisión de un ente conformado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el de la provincia. Como la revisión es semestral -se ajusta por inflación- eso debió haber sucedido en agosto. Pero el control de la concesión de Edenor y Edesur, que estaba bajo la órbita del Estado nacional, pasará a una comisión integrada por la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En abril, cuando se anunció el aumento del gas para el invierno, el secretario de Energía -Gustavo Lopetegui- avisó que no habría revisión en octubre, cuando correspondía en los papeles por haber pasado un semestre. Y dijo que sucedería en diciembre. Consultado hace unos días, el funcionario ratificó esos dichos: "El aumento de octubre no lo vamos a hacer y se va a hacer en diciembre, y la audiencia pública para aplicarlo recién en enero”, expresó, en declaraciones al diario Río Negro.

Según el marco regulatorio, el ente regulador (Enargas) debe convocar a una audiencia pública en septiembre, para que haya nuevas tarifas en octubre, porque la revisión semestral está en el contrato de concesión. Solo puede desistir de realizar esa convocatoria si el Poder Ejecutivo nacional así lo indica. En ese sentido, los abogados de la secretaría de Energía trabajan en un decreto para derogar esa primera audiencia pública.

En caso que el Gobierno quiera otras tarifas en 2020, deberá realizar una nueva convocatoria de audiencia hacia diciembre de 2019, o unas tres semanas antes del período en que quiere aplicar incrementos. Las distribuidoras de gas están facultadas para reclamar una actualización por la inflación mayorista acumulada (índice IPIM) para el período octubre 2018-marzo de 2019. Sin embargo, el Gobierno ya desestimó esa posibilidad en los últimos aumentos, y les permitió traspasar algo del costo de vida, pero no todo.

Hay altas posibilidades que la audiencia pública -y la posterior recomendación de aumentos por parte del Enargas- caigan durante el próximo período presidencial. Allí puede haber distintas decisiones de acuerdo al color político que mande.

Enargas debe recomendar aumentos para no incumplir con el contrato de concesión. Los contratos de abastecimiento de gas están en dólares y la cotización de la divisa creció en relación a febrero, cuando se realizó la revisión anterior.

Si el aumento es el 1° de enero de 2020, el Poder Ejecutivo nacional no tiene que anular nada. "Las resoluciones de Enargas (con las recomendaciones a seguir tras la audiencia pública) deberían salir algún día antes del 1 de enero de 2020", explican los que más conocen de regulaciones del sector.

Si la próxima administración desiste de un aumento que recomiende el Enargas, deberá emitir una nueva resolución, parecida a la que ahora hará la secretaría de Energía para postergar la audiencia pública. La diferencia es que en un caso se difieren plazos, y en el otro se podría ordenar que no se apliquen ajustes. Los reclamos legales de las empresas son diferentes para uno y otro caso.