Cuando se está ante las puertas de un período meramente electoral, cualquier medida antipopular que tienda a espantar hipotéticos votos debe ser erradicada del mapa, y más aún es necesaria tal decisión si lo que se afectará es el bolsillo de la gente.

Así lo entendió el Concejo Deliberante capitalino, razón por la cual no se abocará al tratamiento de un incremento en la tarifa del servicio de taxis hasta tanto hayan transcurrido los comicios del próximo 28 de agosto, bajo un humor social atemperado en cuanto a exigencias y reclamos. Claro que una vez que hablen las urnas, toda discusión al respecto renacerá de las cenizas.

En este sentido, en la jornada de ayer, agremiaciones que representan a los taximetreros se reunieron con el presidente del órgano deliberativo de la Capital, Ramón Cano y ediles que integran la Comisión de Transporte del Concejo. Durante el encuentro, si bien es cierto que se plantearon las necesidades económicas del sector, hubo un mayor debate en lo que respecta a concretar medidas de seguridad y mayores controles referidos a la circulación de los vehículos ilegales.

"Queremos un sistema de transporte que sea transparente, y para eso debe terminarse con la ilegalidad. Así, le solicitamos a los concejales endurecer las penas para los autos truchos. Sólo así podremos tener una tarifa digna para regularizar la situación de los choferes. Pero en estos momentos no pedimos esta tarifa porque son tiempos políticos y se puede malinterpretar el tema", indicó a la salida del encuentro, Antonio Rodríguez (referente de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera - ATIAT).

Vinculado a ello, precisó que la circulación de autos ilegales repercute en una pérdida de rentabilidad para aquellos que poseen los papeles en regla y se encuentran homologados para prestar el correspondiente servicio. Remarcó que la actividad ilícita "no la realizan personas que pueden ser pobres o que necesitan subsistir, sino que hablamos de gente que cuenta con más de 10 autos cada uno".

El delegado de ATIAT adujo que aún no se encuentra en análisis un aumento en la tarifa pero que "en el momento oportuno" se elevará qué porcentaje de encarecimiento correspondería aplicar. "Por el único motivo que puede existir una movilización hoy por hoy es por la ilegalidad", culminó.

Por su parte, Julio Rodríguez (Asociación de Conductores y Choferes de Taxis - ACOT -), destacó que es necesario disponer de un tiempo prudencial para establecer un parámetro que determine el aumento del servicio. "Nos parece lógico hacer un estudio sobre lo que realmente vamos a pedir. Comenzar a madurar todos, evaluar la situación sobre lo que realmente le falta al taxista y de ahí vamos a hacer un planteamiento claro, un pedido muy bueno para que a todos nos beneficie".

Cabe recordar que desde la Asociación de Propietarios de Taxis, su titular, Francisco Fusilieri, reclamó al Concejo que disponga el ascenso en los valores del servicio en el orden del 60 por ciento. De esta manera, la actual bajada de bandera pasaría de los 2,80 a los 4,50 pesos, mientras que el costo de la ficha cada cien metros recorridos o minuto de espera se incrementaría de 0,20 a 0,35 centavos.

Tipificar la ilegalidad

Así también, Fusilieri (quien ayer no participó de la reunión) advirtió que en caso de no acceder a este requerimiento, se avanzaría con medidas de fuerza que tiendan a paralizar la circulación de los taxis.

"Si bien es cierto que se expone el aumento del costo de vida y los insumos, por lo que venían con una tarifa atrasada y los aumentos del último año los desfasó más, por opinión mayoritaria del Concejo, por ahora no vamos a dar un castigo masivo al bolsillo de los tucumanos. Es más, al aumentar la tarifa ellos no van a poder trabajar y sería perjudicial porque la gente no utilizaría el servicio", justificó el concejal Javier Morof el porqué no se accederá al pedido en cuestión.

Inmediatamente, insistió con la tesis central en la que radica la cuestión, "el aumento no está descartado durante este año, pero no veo que en los próximos tres meses pueda ser tratado".

Relacionado con engrosar el monto de las multas para aquellos vehículos infractores, Morof estimó que de los actuales 2.500 pesos debería trasladarse a cerca de entre 10 mil y 12 mil pesos, "para que de esa forma no sea un incentivo trabajar de forma ilegal en el Municipio", aclaró.

En tanto, Dumit planteó que hay varias instancias en las que se tipifican las faltas cometidas por parte de quienes conducen vehículos que no están en regla. Mencionó en tal sentido casos en los que autos pertenecientes a los municipios de Yerba Buena, Gran San Miguel, Banda del Río Salí, Alderetes, ascienden una cantidad considerable de personas en distintos puntos de la ciudad.

Además, recalcó que existen conductores que plotean sus autos para trabajar con un número de Licencia melliza o hay quienes directamente prestan el servicio como remis sin ni siquiera condicionar debidamente el vehículo.

Paralelamente, Dumit planteó que desde el SUTRAPPA aún no enviaron un informe (que debería haber llegado al Concejo hace diez días) donde se consignen la cantidad de multas e infracciones cometidas, como así también cantidad de unidades habilitadas para circular, los nombres de los propietarios de esos vehículos y el estado de las Licencias.

"La ordenanza del SUTRAPPA también obliga a las autoridades de la Municipalidad a comunicar cuáles son las Licencias que se han dado de baja, porqué no renovaron el modelo, porqué no están en condiciones, o las razones por las que no pasaron la Verificación Técnica Vehicular", agregó el justicialista.

Objeciones al SUTRAPPA

La demora por parte del SUTRAPPA del envío al Concejo Deliberante del informe sobre la situación que afronta el servicio de taxis, levantó críticas de los propios ediles por el funcionamiento de ese órgano, como así también de otras dependencias municipales.

"Esto merece de una decisión política, el SUTRAPPA fue hecho con una mentalidad que era eliminar el taxi trucho (sic), pasaron cinco años y se dieron muy pocas Licencias definitivas. Entonces tenemos que acomodar las cosas, tomar el toro por las astas y si los funcionarios que tienen a su cargo este sistema y pasaron todos estos años en las funciones y no hicieron nada, eso el Intendente verá si los apreta (sic) para que terminen y hagan bien las cosas", planteó Javier Morof. Cabe indicar que son los propios taxistas quienes solicitan la renuncia de Juan Abregú, subdirector del SUTRAPPA.

Morof, recordó que para lograr un mayor control de los vehículos ilegales, el órgano deliberativo aprobó un aumento en el canon que pagan los taxistas para que ese dinero sea destinado a la contratación de personal que se aboque a realizar los determinados controles. "Pero de nuevo, y no sabemos porqué razón, algunos funcionarios mandaron al Concejo un norma que redujo otra vez el canon. Ahora, no tienen para emplear personal pero por errores del mismo (Juan) Giovanello (subsecretario de Tránsito y Transporte del municipio)".

"Este problema (de los controles) no está sin solución, pero hay manos traviesas que el Intendente no ha podido limpiar con todo lo que venía de antes en el SUTRAPPA como ser el tema de la Municipalidad paralela, pero de a poco confiamos que lo va a lograr", señaló Morof.

Aclaran que el servicio de ómnibus se desarrolla con normalidad

Debido a las versiones que indicaban una supresión en el servicio de ómnibus dada la escasez de combustible existente en el mercado, desde AETAT se informó que no existe tal disminución o bien en todo caso responde a una empresa en particular “que no es representativa del conjunto de la actividad”.

Al respecto, la entidad señaló que “el problema inherente al precio del gasoil para el transporte público de interior del país ha sido resuelto merced a la buena predisposición de la Secretaría de Transportes de la Nación, disipando la posibilidad de disminuciones de servicios y/o incrementos tarifarios”. De este modo, resalta que “la provisión de combustible a las empresas está regularizándose y los servicios a hoy, tienen un alto grado de normalidad”, recalcó el organismo presidido por Cristóbal Cazorla.