Cada vez más personas, sobre todo mujeres, se presentan en las Fiscalías y Juzgados de Entre Ríos para denunciar episodios violentos sufridos en el entorno familiar. Según las estadísticas elaboradas por el Poder Judicial, en 2011 se registraron 525 hechos más que el año anterior, a raíz, entre otros aspectos, de la implementación de la Ley Nacional Nº 26.485 de protección a las víctimas de este tipo de violencia (sancionada en 2009), y su adhesión en la provincia el año pasado mediante la nueva norma Nº 10.058, ya que la anterior no contemplaba los casos de mujeres que ya no convivían con sus parejas.

En total, fueron 5.458 las denuncias radicadas en Entre Ríos durante 2011; tomando los datos de los cuatro años anteriores, aumentaron en 1.963 (desde 2007). Anualmente, se promedia un incremento de 10,5% de casos.

Además, se destaca que los departamentos Paraná y Concordia son los más violentos en este aspecto, superando por amplio margen al resto.

En el de la costa oeste, el año pasado se denunciaron 1.680 casos de agresiones familiares, y en el oriental 1.428. En tercer lugar se ubica el Departamento Uruguay, con 437 episodios, un cuarto de la cantidad total de Paraná. Luego le siguen Federación (395 casos), Colón (315) y Victoria (243).

Consultado por UNO, el defensor general Maximiliano Benítez, opinó sobre el incremento de estas cifras: “Yo no creo que se deba a una sola razón, un aumento de la violencia se debe a muchísimas razones. Una de ellas puede ser darle a la gente más herramientas para hacer denuncias, pero evidentemente no es la única razón”. Destacó también “la difusión en los medios de comunicación”, por ejemplo.

Respecto del aspecto legal que dio más posibilidades para las denuncias, Benítez destacó “la sanción de la Ley de género y la promulgación el año pasado por parte de la provincia de la Ley 10.158”. Esta “le da muchas más herramientas a la gente, porque la Ley de Violencia Familiar abarcaba únicamente los supuestos de conviviente (de la víctima con el acusado), en cambio esta ley no se agota ahí sino que en el caso de exparejas, que no conviven más, se puede hacer la denuncia por violencia familiar también. Se amplía mucho más el espectro”, remarcó.

Medidas más estrictas

Muchas denuncias derivan en medidas judiciales como la prohibición del acercamiento del agresor a las víctimas, y esto es muy difícil, sino imposible de controlar, por lo que tras la denuncia el riesgo es aún mayor. Incluso se han registrado recientes casos de femicidios, donde el agresor asesinó a la mujer tras conocer la denuncia en su contra. Ante esta situación, según difundió UNO el domingo, en menos de cinco meses, tres hombres fueron detenidos en la cárcel de Paraná por orden de la jueza de Instrucción Marina Barbagelata, tras no respetar las restricciones impuestas.

Violencia familiar, cada vez con mayores niveles de riesgo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó hace cuatro años la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).Este organismo publicó recientemente cifras preocupantes en relación a la gravedad de los casos de violencia familiar denunciados, no solo de su cantidad. Según consigna dicho informe, “en el 42% de los casos denunciados se observa un nivel de riesgo alto o altísimo”.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Oficina durante febrero de este año, período en el que ingresaron 753 casos.

Los profesionales de los equipos interdisciplinarios de la OVD, elaboraron indicadores de riesgo, y según los que reúna cada situación particular, la cantidad y el tiempo de exposición de la víctima a los mismos, es que valora el grado de riesgo al que se encuentra la persona denunciante.

En este sentido, se señala que “Se consideran situaciones de alto riesgo las de inminente peligro para la integridad psicofísica de las personas.

Las situaciones de medio y bajo riesgo reunirán sólo algunos de estos indicadores, sin que signifique un riesgo inminente, ya sea por la frecuencia, la intensidad o los recursos propios con los que cuenta la afectada para evitar un nuevo episodio de violencia”.

Además, se tiene en cuenta el estado emocional que presenta la persona afectada al momento de su denuncia, y los recursos internos que evidencia para poder afrontar la situación que describe.

Estos elementos fueron difundidos para establecer la grave problemática social existente.