En el Concejo Deliberante tiene preferencia de tratamiento un proyecto de Ordenanza de la concejal Ángela Di Bez (Salta Somos Todos) que propone modificar la Ordenanza 10371 promulgada en el 2000, que estableció multas para los funcionarios del Ejecutivo Municipal que no contesten los pedidos de informe del Concejo Deliberante, en el tiempo establecido en cada uno de ellos.
Esa Ordenanza estableció una multa de $250 y en caso de reiteración el triple de la sanción.
La concejal Di Bez propuso ahora que el incumplimiento del plazo por parte del funcionario, producirá - como expresa la Ordenanza original - la mora de pleno derecho, aplicándose una multa de 250 Unidades Tributarias. La Unidad Tributaria está fijada en $3.20.
Lo cierto es que no hay antecedentes de multas por esta situación pero la Ordenanza original señala entre sus considerandos que es competencia del Cuerpo Deliberativo solicitar informes al Departamento Ejecutivo, e interpelar a sus Secretarios; que es deber del Departamento Ejecutivo Municipal suministrar por escrito al Concejo Deliberante, personalmente o por medios de sus Secretarios, los datos e informes que le fueran solicitados, que los pedidos de informes, no son contestados en tiempo y forma por el Departamento Ejecutivo y que constituye una ofensa al Cuerpo Deliberativo tener que reiterar cada pedido de Informe a funcionarios del Departamento Ejecutivo.
La norma establece que los pedidos de informe deberán contener un plazo perentorio para su contestación y que una vez venciod ese plazo, se elevarán las actuaciones al Tribunal de Cuentas para realizar el pertinente sumario administrativo.
La multa será aplicada por el Tribunal de Cuentas Municipal siendo el importe de la misma descontado de sus haberes del mes subsiguiente al de la Resolución y destinada a entidades de bien publico.
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