El Gobierno empezó a evaluar con preocupación cómo enfrentará la ola de denuncias por irregularidades y clientelismo que se destaparon a lo largo de más de 48 municipios en los siete meses en que ya fue aplicado el programa para cooperativistas Argentina Trabaja.

El listado de denuncias de la oposición y de grupos piqueteros antikirchneristas por irregularidades detectadas es amplio: empleados municipales que trabajan para el plan Argentina Trabaja, cooperativas inventadas, distribución discrecional de fondos, grupos piqueteros favorecidos por su fidelidad al kirchnerismo, supuestos "peajes" que se cobran por conseguir una ayuda asistencial. La lista podría seguir. De hecho, el jueves pasado hubo una audiencia pública en el Congreso donde desfilaron por más de cuatro horas cooperativistas antikirchneristas, ONG que analizan el tema y grupos religiosos. Allí ampliaron éstas y otras denuncias.

La pelea por el manejo de fondos no es menor: hay $ 1500 millones de presupuesto en juego, el control de 100.000 cooperativistas y la distribución del plan que otorga 1200 pesos mensuales en municipios clave del conurbano. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a LA NACION que desde agosto de 2009 ya se llevan gastados 450 millones de pesos para unos 80.000 beneficiarios. La mayor parte de éstos está concentrada en el conurbano bonaerense (ver infografía).

Fuentes calificadas de la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que para enfrentar las denuncias en el Gobierno quieren crear en lo inmediato una fiscalía especial de investigaciones que funcionaría bajo la órbita del Ministerio Público. Es decir, una unidad especial de recepción de denuncias de irregularidades relacionadas específicamente con el plan Argentina Trabaja. La idea es que esta unidad interactúe en tiempo real en todo el país con los denunciantes para dar respuesta inmediata a sus demandas.

Una fiscalía judicial similar se creó en 2002 cuando se lanzó en medio de la crisis el plan Jefes y jefas de Hogar. Esa unidad estuvo a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y se encargó de recibir las denuncias que llovían por el reparto discrecional de fondos de ese plan. El Gobierno quiere repetir un esquema similar para agilizar las denuncias. Los detractores de este tipo de unidades judiciales aseguran que una vez conformadas quedan atadas presupuestaria y políticamente a los intereses del poder de turno. No obstante, de concretarse esta idea será una forma velada del Gobierno de admitir que el plan en cuestión requiere mayores controles, ya que presenta serias irregularidades.

Poco después de lanzado el plan Argentina Trabaja, y ante una consulta de LA NACION, el Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Alicia Kirchner, emitió un comunicado en el que sostuvo: "Procuraremos que nadie quede cautivo de nadie". Y descartó que el reparto de planes sociales se realizara "según el color político de los intendentes".

Primera auditoría

El titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, adelantó a LA NACION que el próximo mes terminará la primera auditoría del plan Argentina Trabaja, en la que se evaluarán los criterios de distribución del programa.

Reposo adelantó que lo que se observa por ahora son diferencias de criterio entre los municipios y la Nación a la hora de definir a los cooperativistas y aparecen comunas que tienen tres veces más cantidad de cooperativistas que empleados. Al control de la Sigen se añade un seguimiento de los Tribunales de Cuenta provinciales y de técnicos universitarios. Pero aún no se conoce ni un solo informe de control.

En la oposición objetan la falta de controles. La diputada Virginia Linares (GEN) presentó un pedido de informes con más de 35 preguntas para el Gobierno donde cuestionó el uso arbitrario del plan Argentina Trabaja. Una crítica similar se esgrimió desde el PJ disidente y Pro.

El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, adelantó a LA NACION que este año hará una auditoría al plan Argentina Trabaja. "Es muy importante auditar este plan porque hubo muchas quejas sobre la falta de información y sospechas sobre la falta de transparencia", dijo Despouy.