Los tiempos se están agotando para el gobernador Daniel Scioli. La delicada situación económica y social de la Provincia, sumada a la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de hacer todo lo posible para bloquearle el camino que conduce al sillón de Rivadavia, ha puesto al mandatario de la principal provincia del país entre la espada y la pared.

Scioli debe elegir: romper la alianza que aún mantiene con el kirchnerismo para poder reclamar los recursos que necesita la Provincia para salir del ahogo, o ceder a las extorsiones de la Casa Rosada, mantener el statu quo y abonar el camino de la jubilación anticipada.

Scioli y el círculo de funcionarios que forman parte de su mesa chica saben que no hay otro futuro posible que no sea el de intentar llegar a la conducción de la Casa Rosada. Cualquier premio consuelo que pueda surgir, como por ejemplo una diputación nacional, significaría quedar en el ostracismo absoluto, tal como les ocurrió a los dos dirigentes que los antecedieron en el cargo, como son Carlos Ruckauf (virtualmente retirado de la política) y Felipe Solá, un saltimbanqui que carece de algún tipo de representación política.

La situación de la Provincia se está volviendo insostenible, al punto que, según se denunció días atrás en la Legislatura bonaerense, las raciones de comida que se están distribuyendo en los comedores escolares de varios municipios apenas alcanza para dar 40 gramos de carne a cada chico. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia no desmintieron ese dato.

Ayer, en diálogo con Hoy, el diputado provincial Walter Martello (Coalición Cívica) aportó otro dato sumamente preocupante: “En Quilmes, desde el momento que comenzó la crisis presupuestaria de la Provincia, tienen que dividir en cuatro cada alfajor que dan en las meriendas reforzadas. Así me lo comunicaron varias directoras de distintas escuelas. La situación es insostenible, así no se puede seguir”.

Como si fuera poco, los farmacéuticos de toda la Provincia están a punto de dejar sin medicamentos a los afiliados del IOMA a raíz de la abultada deuda que tiene la obra social (ver página 4).

A la situación económica y social se le suman presiones políticas para que Scioli abandone su pasividad. El cordobés José Manuel de la Sota impulsó, y logró, que la Legislatura aprobara salir del pacto fiscal. Así, el mandatario provincial está con el camino liberado para reclamar la restitución del 15% de los fondos coparticipables que se queda el Estado nacional para financiar la caja de la Anses. El mismo camino ya emprendió el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, como así también el gobierno de San Luis.

En la provincia de Buenos Aires, los referentes de los distintos partidos de la oposición, como el FrenteAmplio Progresista -que lidera Margarita Stolbizer-, la UCR, la Coalición Cívica, el pro Peronismo y los legisladores provinciales que responden a Hugo Moyano, firmarán el recurso judicial que elevarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por el 15%.

En los años ‘90, las provincias firmaron y adhirieron a un pacto fiscal que implicó ceder parte de su coparticipación, debido a que la privatización del sistema previsional sancionada en los ‘90 había provocado un fuerte déficit de las cajas jubilatorias. Pero la estatización de las AFJP hizo que el Estado nacional, más específicamente la Anses, se quedara con una enorme masa de recursos, superior a los $ 100 mil millones, por lo que dejaron de existir las razones que habían llevado a que las provincias realizaran el mencionado aporte.

De esta manera, si el Estado bonaerense recuperara el 15% en cuestión, tendría un ingreso extra por $ 5.100 millones que permitiría normalizar todos los pagos a los proveedores, garantizar el abono del sueldo a todo el personal y, a su vez, reabrir la discusión paritaria para otorgar a docentes, policías, auxiliares y médicos de hospitales un incremento de haberes que permitiría paliar la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación.

En foco

No es momento de tibios

¿Cuándo llega el momento de decir basta? Propiciar el diálogo, buscar consensos de forma permanente y poner la otra mejilla ante los cachetazos es una forma válida de hacer política en determinados momentos.

Pero, en todos los aspectos de la vida, siempre debe haber un límite que, si es superado, debe generar algún tipo de reacción que permita restablecer el equilibrio. Por ejemplo, cuando la obsecuencia pone en juego la nutrición de los pibes que van a los comedores escolares (un chico mal alimentado en edad escolar equivale a condicionar por siempre su desarrollo físico e intelectual) o lleva a que los afiliados del IOMA (la mayor obra social de la Provincia) se queden sin medicamentos, resulta evidente que aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de una provincia deberían entender que están errando el camino.

El gobernador de la Provincia fue elegido para ser el máximo defensor de los intereses de los bonaerenses, y por eso tiene la obligación de reclamar por los recursos que, indebidamente, se viene apropiando el Estado nacional. Y eso no implica atentar contra la sustentabilidad del sistema previsional, ya que los recursos que hoy se le niegan a la Provincia se están usando para hacer un clientelismo barato, de muy baja estofa.

Los 5.100 millones de pesos que la Provincia aporta a la Anses equivale a lo que ese organismo previsional gasta, por año, en el Programa Conectar Igualdad, es decir, en la distribución de netbooks en las escuelas que, cabe destacar, se viene haciendo de forma absolutamente discrecional y mediante actividades de adoctrinamiento. Así lo reflejó este diario hace un mes, cuando mostró cómo la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora utiliza recursos del Estado para bajarles línea política a menores de edad dentro de los propios establecimientos educativos. Esta noticia, en los últimos días, adquirió trascendencia nacional.

Scioli debería preguntarse: ¿qué es más importante: seguir distribuyendo computadoras portátiles con la imagen de la Presidenta en un puñado de escuelas o que los alumnos de escuelas públicas puedan acceder, aunque sea, a una comida diaria? ¿Es más importante tener recursos para que los policías, que deben arriesgar su vida en cumplimiento del deber, ya no deban padecer salarios de hambre, chalecos antibalas vencidos y armamento vetusto en medio de una ola de inseguridad sin precedentes, o seguir permitiendo que el Gobierno K dilapide la caja de la Anses para financiar alocados proyectos políticos y comprometer las futuras jubilaciones?

Recuperar el 15% de coparticipación implica también que la Provincia evite seguir pagando tasas que resultan realmente usurarias, del orden del 16%, cada vez que emite Letras de Tesorería para financiarse a 365 días, en el mercado doméstico. Esta tasa equivale al doble de lo que pagan países al borde del default, que atraviesan crisis estructurales inéditas, como España y Grecia. Incluso, la propia Anses, desde donde salió la última asistencia financiara para la Provincia por 600 millones de pesos, también le cobrará una tasa del 16%. Es decir, cobrará intereses por un dinero que, por derecho propio, les pertenece a los bonaerenses. Un absurdo que no resiste el menor análisis y que también lleva a preguntarse si, detrás de los manejos de los recursos de la Anses, no se esconden negocios oscuros que les llenan los bolsillos a unos pocos, a costa del sufrimiento de millones.

Scioli, como gobernador de la Provincia, tiene todas las herramientas a su alcance para emprender un cambio que también contemple generar las condiciones para que haya más inversiones, valor agregado y generación de puestos de empleo genuino en el territorio bonaerense, lo que llevará a que haya recursos que fortalecerán las arcas de la Provincia, evitando que se siga apelando al endeudamiento permanente.

Si Scioli inicia ese camino, casi con seguridad será una verdadera opción para la ciudadanía cuando, en 2015, concurra a las urnas a elegir a su nuevo presidente.