El proyecto Ingentis I preveía la construcción de una central eléctrica en Dolavon mientras que Ingentis II se focalizaba en la zona de Esquel. En 2006 y 2007 el Estado provincial rubricó los acuerdos respectivos, que fueron aprobados posteriormente mediante leyes provinciales, pero ninguna de las fases importantes del plan llegó a concretarse.

Los proyectos se basaban en generar energía a través de una central térmica a gas natural bajo el ambicioso propósito de abastecer de energía al mercado nacional, y preveía para ello la inversión de un grupo societario privado con la participación del gobierno chubutense.

Durante los últimos días de la gestión de Mario Das Neves como gobernador y en momentos en que el proyecto atravesaba serios cuestionamientos en la Legislatura -principalmente de la Unión Cívica Radical-, Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin que constituía la pata privada, se retiró del proyecto.

Fue entonces cuando el ex titular de Petrominera, Luis Tarrío, había explicado que la inversión provincial cercana a los $120 millones está respaldada porque la turbina adquirida y otras instalaciones prosiguen en manos de la administración pública. “La turbina en el mercado internacional puede estar valiendo unos U$S35 millones”, había sostenido.

Es en función de tal correlato que el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, explicó ayer en declaraciones radiales que la auditoría se enfoca hoy en el manejo de fondos que se hizo desde la provincia invirtiendo en estas sociedades.

“Lógicamente se harán públicos los resultados, y si tenemos que iniciar acciones legales tanto para recuperar el perjuicio que sufrió la provincia como la eventual comisión de delitos penales, haremos las denuncias correspondientes”, aclaró Meza Evanas, quien encabeza el equipo de trabajo específico que había anunciado la gestión Buzzi durante el mes de febrero para investigar el tema.

LAS INVERSIONES Y SU DESTINO

El abogado señaló que la cifra investigada se acercaría a los 200 millones de pesos, “más que significativo para un resultado nulo como el que se tuvo”, opinó, aunque se mostró cauto incluso con lo vinculado a las cifras al indicar que recién ahora el equipo de trabajo se está haciendo de la documentación marco. “Hubo una serie de dificultades porque son sociedades anónimas en las que la provincia tenía acciones, y recién ahora tenemos acceso a la documentación de esas dos empresas para poder realizar la auditoria”, fundamentó.

Sobre ese mismo eje, Meza Evans señaló a un diario de Puerto Madryn que el actual viceministro coordinador de Gabinete, Miguel Montoya, representó a la provincia en la asamblea que hizo hace pocas semanas la Sociedad Anónima de Ingentis II.

Explicó que “en este caso la empresa está conformada exclusivamente por el Estado Provincial, es una sociedad anónima que tenía un directorio renunciante y era necesario ponerla en funcionamiento, y Montoya representó al Estado en esa asamblea junto a los integrantes de Petrominera”.

Bajo tales parámetros, señaló que hoy la empresa está paralizada y que se vuelve a reactivar para hacer exclusivamente una investigación sobre lo que pasó con las inversiones que hizo el Estado y que no tuvo ningún resultado.

Afirmó que e en el tramo final de gobierno de Das Neves, el Estado compró el paquete accionario a varias empresas y que todavía no se pagó pero que habrá que cumplir.