En lo ambiental, la mayoría de las críticas apuntó al uso y la cantidad de agua dulce que se prevé utilizar en esta etapa exploratoria.

Ayer a las 10:00 en punto dio comienzo la audiencia pública ante un salón colmado del Austral Hotel. Representantes de YPF –la empresa que impulsa el proyecto-, de la consultora NSC que elaboró el Estudio de Impacto y del Ministerio de Ambiente encabezados por el ministro Eduardo Maza se reunieron con una decena de inscriptos interesados en participar y asistentes que, durante más de dos horas y media, escucharon las exposiciones.

Pese a que se había previsto el traslado de vecinos de Río Mayo –localidad en la que se emplazará el proyecto exploratorio-, no se registraron participaciones de esa localidad.

Derechos no observados

La abogada Silvia de los Santos abrió la lista de oradores para criticar la modalidad de la audiencia y señalar especialmente objeciones en torno al contenido jurídico del Estudio de Impacto Ambiental.

Marcó la falta de consulta previa a los pueblos originarios como prevé la Ley 26.160, la inexistencia de explicaciones sobre el lugar de captación del agua que será utilizada, la carencia de mapas y planos específicos, y cuestionó la predisposición del Ministerio para evaluar el estudio así como el anuncio de inicio de las exploraciones para un día previo a la audiencia “que da la pauta de que en el Ministerio de Ambiente ya está la decisión tomada”, consideró.

Por otro lado, la letrada consideró que “no se analizaron los impactos sociales negativos”, ni el efecto sobre los acuíferos que alimentan la cuenca tanto para consumo humano como ganadero, en una provincia con emergencia agropecuaria.

Impacto sobre el agua

Desde el Foro Ambiental y Social de la Patagonia (FASP), Zulma Usqueda señaló las consecuencias negativas del Fracking -sistema utilizado para el shale oil y shale gas- y citó antecedentes tanto en Estados Unidos como en la zona de Neuquén y el alto valle de Río Negro.

Usqueda también indicó la insuficiencia en la información a las comunidades involucradas en cuanto al uso del agua: “Comodoro Rivadavia no cuenta con agua. Nosotros dependemos del agua de la cuenca del Río Senguer, donde precisamente se va a instalar el proyecto”, recordó.

Cinthia Francisco, integrante de la misma organización, marcó la falta de difusión y “desinterés del gobierno de mostrar las consecuencias del fracking”. Además de consultar cuánto y qué agua se usaría, preguntó “qué se hace con el agua que queda debajo y con el agua tratada”. Asimismo, puso en duda el destino del hidrocarburo y cerró con una pregunta: “¿Vamos a seguir abasteciendo a los países que no hacen nada por el cambio climático?”.

Luz Andrea Ramírez, del área de gestión de Agua de la Subsecretaría de Medio Ambiente, comentó que presentaron un escrito con todos los comentarios técnicos, y apuntó si el IPA (Instituto Provincial del Agua) y el Comité de Cuenca, en formación, emitieron opinión.

La técnica recordó que ambos organismos representan partes interesadas, y recordó que se debe tener en cuenta los efectos de este proyecto “que se desarrolla en la cuenca de donde sale el 85, 90 por ciento del agua que se consume” tanto en esta ciudad como en otras localidades del Sur de Chubut y Norte de Santa Cruz.

Pueblos originarios

Marcelo Pintihueque, representante técnico político del Lof Comarca Chubut, cuestionó que todo el proyecto no tuvo en cuenta a los pueblos originarios. Citó como ejemplo lo que sucedió en el proyecto de doble trocha de Comodoro a Caleta Olivia que “se hizo al voleo y se está encontrando esqueletos humanos”, que relacionó con la presencia de chenques (cementerios de pueblos originarios) que no fueron relevados.

Especialmente, la intervención de Pintihueque apuntó a que con este proyecto “se deja de lado el derecho intercultural de los pueblos indígenas”, que tiene rango constitucional y es ratificado por el Derecho Internacional.

Marcelo Barab cerró la ronda de oradores al señalar la necesidad de una convocatoria más amplia para tratar el proyecto, la violación a la 26.160 que habla del “consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios” y los efectos que ya tienen la recuperación secundaria y terciaria en la cuenca.

Cierre

A continuación, se presentó la versión de la empresa y de la consultora, que despejó algunas dudas de los participantes, y abrió nuevos interrogantes, de acuerdo con lo que dejaron sentado los participantes en la ronda final de consultas abierta por el Ministerio de Ambiente.

Todas las consideraciones deberán ser analizadas antes del dictamen que determine la viabilidad ambiental y social del proyecto, un proceso que debiera tardar no más de 30 días, pero que puede llevar meses, de acuerdo con el antecedente de la audiencia pública anterior realizada en esta ciudad.