En el marco de una amplia participación se desarrolló ayer la audiencia pública convocada por el Ente Regulador. El acto se inició con la palabra del Presidente de la audiencia -Interventor del Ente Regulador- quien explicó el objetivo de la convocatoria y los alcances de la misma.

A partir de ello, le concedió la palabra al equipo consultor contratado por la Provincia, el cual pasó a realizar una detallada exposición del estado actual del servicio de agua, indicando que los niveles de calidad y cobertura del mismo son muy superiores a los de la media de nuestro país y de los prestadores de las provincias vecinas.

Posteriormente, el equipo consultor destacó la necesidad de incrementar la tarifa en un 57 por ciento aproximadamente para poder mantener el actual nivel del servicio y realizar las nuevas inversiones previstas para mejorar los niveles de cobertura. Es que el Gobierno pretende imponerle a la Concesionaria una meta más exigente en materia de expansión de cloacas por razones de salubridad pública. Es decir, elevarla del 75 por ciento prevista en el Contrato de Concesión original y una superior al 80 por ciento para el año 2015.

El monto total de las inversiones a financiar ascienden a más de 600 millones de pesos hasta el final de la concesión.

Seguidamente, el equipo consultor evaluó diferentes opciones ante el aumento de tarifa teniendo en cuenta los ingresos reales y necesarios. Para esto se tuvo en cuenta la población actual y sus proyecciones para el período analizado, la distribución y los diferentes tipos de usuarios y el cálculo del déficit o superávit anual, según detalló.

En este contexto, y a los fines de morigerar el impacto de este incremento tarifario en el público usuario, propuso diversas alternativas de carácter regulatorio y contractual. De esta manera, y en caso de aceptarse alguna de ellas, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de reducir significativamente el porcentaje de incremento previsto originariamente.

Luego intervino, el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Corrientes (Sutosc) quien remarcó que no comprende "las razones que determinaron la postergación del incremento del 14,53 por ciento que estaba previsto aplicar el 1 de noviembre. Ya que tenía por objetivo un aumento salarial además de un ajuste en los gastos generales", dijo.

Por otro lado, está en total desacuerdo con que se tenga que hacer una audiencia pública para tratar el artículo 39; ya que establece que en caso de producirse una distorsión del 5 por ciento en los costos la concesionaria, podrá trasladar en su exacta incidencia en la tarifa.

Por último, criticó y se preguntó: "Cómo es posible que los salarios de nuestros trabajadores deban quedar sometidos a audiencia pública cuando eso no ocurre en ningún sector de la economía".

Y en una entrevista a la finalización de la audiencia agregó en este sentido que los salarios de los legisladores y demás funcionarios públicos son sin audiencia pública, y hasta la remuneración del propio Defensor del Pueblo, que sostuvo, llamativamente se opuso a las nuevas inversiones.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia rechazó las nuevas inversiones previstas y pidió que no se aplique el incremento tarifario por ser excesivo.

El representante de la Asociación de Consumidores, Nelson Veas, solicitó que se tomen medidas para que el aumento de tarifa no sea tan elevado y que el subsidio a los indigentes Faccoe (Fondo de Asistencia al Consumo de Carenciados y Obras de Emergencia) se mantenga y extienda a nuevos usuarios.

Mientras que la Asociación en Defensa de la Soberanía Argentina señaló que "Corrientes es una de las pocas sin subsidio del Estado nacional en el servicio de agua potable". Además solicitó que se aumente el número de destinatarios de Faccoe y remarcó que el límite de los incrementos de tarifa debe estar en los aumentos salariales del sector público.

Detalle del incremento

En definitiva, en el cuadro que se expone a continuación se refleja la incidencia del incremento tarifario en la población:

Es decir, si se aplica el total del incremento tarifario, el 56 por ciento de la población tendrá un impacto menor a 22 pesos en su factura del agua, mientras que un 15 por ciento verá incrementada su factura entre 23 y 30 pesos; y el 20 por ciento, entre 31 y 50 pesos.

En cambio, de aplicarse la alternativa más beneficiosa, el 71 por ciento de los usuarios tendrán un incremento menor a 22 pesos.