La magistrada dispuso que las partes se vean cara a cara el viernes 4 de mayo a las 10. La idea primaria es ver si la Fiscalía de Estado y el abogado defensor Sergio Sánchez Alustiza pueden llegar a un acuerdo antes de avanzar con el proceso. De no ser así, Fernández -dentro del proceso sumarísimo- ya dispuso que en ese mismo acto se fijarán los puntos de debate y se abrirá un período de prueba, pasos previos al dictado de la sentencia.

El levantamiento de Medasur en esos terrenos ha sido cuestionado fuertemente por distintos sectores y organizaciones de la ciudad, a tal punto que los amparistas han conseguido 10.000 firmas de adhesión y hasta se formó la agrupación "Salvemos al parque".En un primer momento, a mediados de diciembre, Fernández denegó una medida cautelar de no innovar, aduciendo que los amparistas no habían demostrado, a priori, con las pruebas ofrecidas, que el Estado hubiera actuado ilegalmente, a pesar de que no había ordenado un estudio de impacto ambiental ni tenía el permiso municipal para iniciar la obra (algo que consiguió posteriormente). Sin embargo, una semana después, ante una apelación, concedió el recurso, le ordenó al gobierno que frenara la construcción y llamó al diálogo a las partes para encontrar una solución en 90 días, plazo que fue prorrogado a mediados de marzo por otros tres meses.Como el gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, había planteado -en una presentación espontánea- que Fernández era incompetente y que el conflicto debía ser resuelto por el STJ, por tratarse de una causa contencioso-administrativa, la jueza le dio vista al fiscal general Guillermo Sancho. Este dictaminó el 30 de diciembre que Fernández era competente y, además, que la obra debe estar precedida de un estudio de impacto ambiental, "o declaración jurada y/o informe ambiental", de acuerdo a lo que establece la Ley Ambiental de La Pampa, número 1914.

El Superior Tribunal coincidió con ese dictamen y confirmó a Fernández al frente de la causa. También dijo en su resolución que los vecinos "no piden anular Medasur, sino preservar el parque". La réplica de la Fiscalía fue plantear una nulidad parcial, algo que aún no fue resuelto.

El conflicto ha tenido una gran repercusión política, con palabras y también con hechos. A mediados de febrero, el intendente Luis Larrañaga recibió a un grupo de vecinos, pero rechazó los tres pedidos de ellos: derogar la resolución municipal que habilitó la obra del complejo en el parque; reinstalar los juegos infantiles; y convocar a una audiencia pública para debatir la conveniencia del emprendimiento.

El propio gobernador Oscar Mario Jorge, al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura, presionó en su discurso: "Evidentemente hay una posición de la comunidad o de la oposición, o lo que sea, de bloquear las acciones a través de presentaciones judiciales", aseveró.