Este diario trató de obtener una copia de la misiva en la Anses, pero no fue posible. Lo único que trascendió de ese texto es lo que difundió la secretaría de Comunicación Pública de la Provincia, que considera a la nota un “blanqueo” de los motivos por los que Anses no envía los fondos.

“La Anses afirmó que no transfiere los fondos a Córdoba porque ‘los haberes básicos medios que paga el sistema provincial exceden largamente los valores del orden nacional y los de aquellos sistemas que han sido transferidos a la jurisdicción nacional”, indicó la nota.

“El párrafo pone en evidencia y no deja lugar a dudas: el Gobierno nacional propicia una fuerte reducción de las jubilaciones en Córdoba para alinear las remuneraciones de la Caja con los haberes de jurisdicción nacional. La realidad confirma estos datos. Mientras en Córdoba el haber promedio supera los siete mil pesos, Anses paga jubilaciones promedio apenas por arriba de los dos mil pesos”, dijeron desde la Provincia.

La nota de Anses está firmada por Germán Cervantes, subdirector Ejecutivo de Anses, catalogado por la Provincia como “funcionario de tercera línea”. Es el mismo que envió la última comunicación que hubo por parte de Anses, hace más de siete meses, pese a todos los pedidos del Gobierno provincial para dialogar sobre el tema en distintas instancias oficiales.

Precisamente por ese silencio Córdoba acudió a la Corte. Los gobiernos de la Nación y de Córdoba tendrán que verse las caras ante el tribunal en un mes, en una audiencia de conciliación que decidió ayer el cuerpo a fin de promover un acuerdo entre ambas jurisdicciones.

La decisión la tomó la Corte en su reunión semanal de los martes después de declararse competente para intervenir en la demanda que el 30 de julio presentó Córdoba por la falta de pago de Anses a la Caja de 1.040 millones de pesos durante 2011 como parte del acuerdo firmado en diciembre de 2009.

En el cuarto piso del Palacio de los Tribunales, donde los siete ministros de la Corte tienen sus oficinas, dijeron a este diario que durante la reunión, “verbalmente nadie se opuso y hubo unanimidad, tanto en declararse competente como en convocar a una audiencia”, que se realizaría entre el lunes 10 y el miércoles 12 de septiembre.

Pero el texto del fallo con sus fundamentos, su resolución y las firmas no pudo conocerse debido a una demora a la que otras fuentes de la Corte le restaron relevancia, por ejemplo, la falta de alguna firma por ausencia de alguno de los jueces.

Ayer, por ejemplo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la ministra Elena Highton de Nolasco estuvieron desde el mediodía y hasta entrada la noche en el Senado.

Mensaje. El fallo conlleva un doble mensaje de la Corte cuando arrecian reclamos de algunas provincias a la Nación. Córdoba, Santa Fe y San Luis demandan por deudas con sus cajas jubilatorias, mientras que las dos primeras lo hacen, además, por la devolución del 15 por ciento de la coparticipación.

Por un lado, la convocatoria a una audiencia a puertas cerradas, no pública, busca restablecer las condiciones para que por la vía política la Nación y Córdoba exploren una solución. Por otro, la realización de ese encuentro a corto plazo (menos de un mes) denota cierta premura de la Corte para intervenir en conflictos que son originariamente de su competencia.

La Corte parece interesada en acelerar los tiempos, puesto que no podría decidir medida alguna en el pleito de fondo hasta transcurridos 60 días de la notificación de la demanda presentada por Córdoba a la Procuración de Tesoro (el jefe de los abogados del Estado nacional), o sea, hasta fin de septiembre.

El interés de la Corte por reencauzar una solución política también está dado al no haber acogido la medida cautelar que el viernes 3 de este mes presentó Córdoba para que la Nación le envíe los 1.040 millones de pesos hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo: si Anses adeuda o no.

La decisión de declararse competente no tiene implicancia política. Por ser un pleito entre la Nación y una provincia, ya la semana pasada el procurador General de la Nación, Luis González Warcalde, había dictaminado en ese sentido.

Sólo resta conocer el fallo escrito. Permitirá comprobar si fue por unanimidad, como trascendió, o por mayoría. Es que el lunes, el ministro más afín a la Casa Rosada, Eugenio Zaffaroni, se había pronunciado contrario a la intervención de la Corte Suprema en una “pelea política”.