Cinco años después de que la maniobra fuera descubierta, la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto concluyó que hay indicios de peso para sospechar que dos ex cajeros y el empleado que estaba encargado de las cuentas corrientes se quedaban con parte de las cuotas sociales que los adherentes a la Francesa pagaban mensualmente.

De esa manera, dio por tierra con el sobreseimiento que había dictado Javier Di Santo.

La decisión del fiscal había generado malestar en la centenaria mutual, pues el propio Di Santo fue quien en mayo de 2011 había imputado por estafa a Gustavo Daniel Agüero, Víctor Hugo Fessia y Antonio Martelliano para luego volver sobre sus pasos.

Sorpresivamente, Di Santo cambió la imputación a hurto, un delito más leve, y consideró que a esa altura de la investigación la causa ya estaba prescripta.

Para la abogada de la Francesa, Soledad Nieto, el fallo de la jueza Nora Sucaría interpreta la real gravedad de la maniobra que se habría perpetrado entre el 1 de enero de 2005 y junio de 2007.

Agüero, Fessia y Martelliano renunciaron a sus puestos cuando quedó al descubierto la ingeniería contable que habrían tramado para quedarse con una parte de la recaudación de la institución que funciona en Fotheringham 429.

Agüero y Fessia eran cajeros y se encargaban de cobrar las cuotas sociales tanto del plan tradicional que se manejaba en forma totalmente computarizada como del plan familiar que se administraba con un sistema manual, en tanto que Marteliano era el encargado de las cuentas corrientes de los socios en el Departamento Cómputos.

Para consumar la maniobra se habrían valido de aquellos socios que preferían hacer sus pagos en forma personal en la sede de la mutual, a diferencia de otros a los que les cobraban en sus domicilios.

Los tres ex empleados habrían pergeñado una minuciosa ingeniería contable que les permitía apoderarse del dinero y quedar a salvo de las sospechas porque, por un lado, los socios recibían un comprobante de pago y, por el otro, el faltante de dinero no quedaba a la vista en los balances.

El presidente de la Sociedad Francesa, Armando Vesco, denunció a los ex empleados en 2007 y recién en mayo de 2011 el fiscal Javier Di Santo los imputó por el delito de estafa.

Para eso se había valido no sólo de los testimonios de los propios acusados y del resto de los trabajadores de la mutual sino también de diferentes pericias contables que habrían arrojado conclusiones de peso como para que Di Santo decidiera la imputación.

La maniobra consistía en emitir el cupón de pago en el primero de los casos- plan tradicional- o en buscar el cupón ya preimpreso en el plan familiar, recibir el dinero del socio y entregarle a éste la mitad de cupón como constancia de la operación realizada -había dicho Di Santo en el escrito donde decidió la imputación-. Seguidamente se apoderaban del dinero, al tiempo que anulaban el pago en el sistema informático o no lo registraban manualmente, según el caso, logrando de esta forma que, al final del día, el mismo no figurara en la planilla de caja que emitía el sistema informático como control o la que llenaban personalmente ellos según la segunda modalidad, con lo cual el arqueo cerraba perfectamente”.

“Paralelamente entregaban la mitad del cupón a Antonio Marteliano, quien en forma manual ingresaba el pago a la cuenta del socio, evitando así que los miembros se presentaran a reclamar con la mitad del cupón que obraba en poder de ellos, lo que hubiera puesto al descubierto la maniobra delictiva”.

En su momento se estimó que el perjuicio patrimonial que esta operatoria ilegal le causó a la Sociedad Francesa superaba los 190 mil pesos, sólo por el dinero que los tres ex empleados recaudaban por el plan tradicional; pero la defraudación sería mucho mayor porque a eso hay que sumarle el dinero que habrían desviado de las cuotas de los socios del plan familiar.

El primero en revocar el sobreseimiento dictado por Di Santo fue el juez de Control Daniel Muñoz, pero como los abogados de los ex empleados apelaron su decisión, la causa recayó en la Cámara Primera del Crimen.

Ahora, a los acusados les queda la chance de ir hasta el Tribunal Superior para tratar de eludir el banquillo.