Aturdidos por la inocencia de Juez

Luis Juez es el estratega del aturdimiento, de la confusión. Siempre lo fue. Las más de las veces utilizando frases pretendidamente graciosas pero que, en el fondo, borran cualquier pista sobre sus verdaderas ideas políticas.
De las ideas de fondo -se entiende-, de ésas que definen programas u horizontes de gobierno, no el peronismo de cotillón que de tanto en cuando gusta exhibir o su incomprensible pendular entre el

kirchnerismo de ayer y el pinosolanismo de hoy.

Gran parte de esa táctica del desconcierto se despliega sin descanso por estos días. La razón es comprensible: debe desembarazarse cuanto antes de las sospechas que penden sobre él a raíz de supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales, cuya titularidad se le adjudica. Para ello ha desplegado una enorme actividad mediática destinada a mostrarse como víctima de una oscura conspiración, al frente de la cual estaría - nada menos - su antiguo líder transversal, el diputado Néstor Kirchner. En tal frenesí histriónico suele olvidarse de explicar que no tiene, justamente, ninguna cuenta offshore. Sólo argumenta que el culpable es otro.

En esto Juez no se anda con chiquitas, al punto tal de rozar lo grotesco. Sindica al ex presidente como el jefe de una asociación ilícita montada para destruirlo. Señala como sus cómplices a oscuros funcionarios de la Side, pues en la Argentina (según su visión) no existe complot posible sin que la omnipresente Secretaría de Inteligencia lo digite. ¿Pensaba igual cuando denunciaba, durante la campaña a intendente en 2003, que había una banda de sicarios paraguayos prestos a asesinarlo en Córdoba, cuando su referente era - precisamente - Néstor Kirchner? Mucha paranoia como para tomarla demasiado en serio.

El problema es que hay mucha gente (entre ellos, bastantes periodistas) que lo toman efectivamente en serio. Y que amplifican su caótico discurso de victimización a niveles de vértigo, obviando algunas reflexiones incómodas. Por caso: ¿Por qué cuando la Justicia investiga, por caso, a Macri, se afirma salomónicamente que "hay que dejar trabajar a los jueces" pero que, cuando lo investigan a él, tiene que haber una equivocación? ¿Porqué cuando Juez acusaba penalmente a cualquier adversario esgrimiendo - apenas - meros recortes periodísticos se llamaba a semejante parodia "lucha anticorrupción" y porque ahora, cuando a él le toca el turno de sufrir en carne propia las consecuencias de tal modalidad, todo debe ser considerado como una operación política? Va de suyo la falta de congruencia en todo esto aunque, a su favor, deba señalarse que nunca hubo demasiada coherencia entre los dichos y los hechos del senador. Y que jamás se ruborizó por ello.

Como ejemplo, piénsese nada más que en el último entredicho entre Juez y los organismos de Derechos Humanos. Si se recuerda, fue el propio Juez quién inventó una Secretaría para entender en estos temas cuando fue intendente, poniendo a su frente a Luis Baronetto. Durante dos años, Juez y Baronetto convivieron mansamente con el señor Oscar Quassolo, miembro de la temida D2 de la Policía de Córdoba durante la dictadura militar y también funcionario juecista. Ahora, como senador, opina que aquellos organismos son piqueteros kirchneristas. A menos que exista alguna suerte de "Código Da Vinci" oculto tras semejantes contradicciones, es difícil comprender cuál es la brújula ideológica que orienta sus pareceres.

La complejidad del discurso juecista abruma a cualquier observador que pretenda abordar el fenómeno con alguna pretensión de racionalidad. Nuevamente, el caso de las cuentas en el exterior es paradigmático. Adviértase el silogismo: Juez niega tenerlas pero, si el juez Bonadío las encontrase, por las dudas ya ha avisado que son "plantadas" por la Side y Néstor Kirchner. Es decir que, con cuentas offshore o sin ellas, será siempre inocente. De triunfar Juez en tal interpretación, sentará un precedente digno de observar por cualquier político en apuros. En lugar de la clásica muletilla: "confío en la Justicia", convendrá descalificar la acusación diciendo que "es una maniobra política" y que, de encontrarse pruebas condenatorias, adelantar que las mismas tienen que haber sido - forzosamente - plantadas, fraguadas o truchadas, según convenga, por el propio acusador. Más allá del dudoso copyright de semejante conclusión, es toda una confesión sobre donde descansan las convicciones de transparencia del líder del fin del choreo.

La complejidad del discurso juecista abruma a cualquier observador con pretensión de racionalidad.

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