"Creo que todas las opciones que se puedan presentar son válidas, pero la postura oficial es la de insistir con el convenio del Atuel firmado en 2008, que todavía deben aprobar los diputados mendocinos. Mientras no esté agotada esa vía el Ejecutivo pampeano va a insistir, esa es la decisión", aseguró Lastiri.

Cuando al funcionario se le preguntó sobre su opinión personal en cuanto a dicha postura, la respuesta fue clara: "Si no estaría de acuerdo me tendría que ir".

Las consideraciones de Lastiri muestran que el gobierno de Oscar Jorge no se moverá de su posición más allá de lo que publicó este diario en su edición del sábado en cuanto a los proyectos elaborados por Juan Pablo Morisoli, del PJ, y Luis Solana, del Frepam.

Ambos diputados integran la Comisión de Ríos Interprovinciales y coinciden en que el gobierno presente una demanda ambiental ante la Corte Suprema por el corte del Atuel. Los dos proyectos hacen referencia a los perjuicios que viene sufriendo La Pampa por la interrupción del río a causa del uso que hace Mendoza y la posibilidad de iniciar una demanda ante el máximo tribunal del país.

En la semana también se produjo un dictamen por unanimidad mediante el cual se solicita al PEP que gestione ante la Secretaría de Medioambiente de la Nación la conformación del comité de cuenca del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó para exigir la "utilización racional del recurso natural y demás medidas conducentes a la protección del desarrollo presente y futuro de los habitantes pampeanos, lesionado por la administración discrecional y abusiva de la cuenca por parte de las provincias aguas arriba".

Lastiri, en tanto, insistió que más allá de apostar por la aprobación del convenio, el gobernador también le pidió a la presidenta Cristina Fernández que interceda en la cuestión. Vale recordar que Jorge mantuvo una audiencia con la mandataria a fines de marzo y allí se habló sobre el reclamo pampeano.

"En el gobierno nacional se sigue con mucha atención el tema, hay interés por lo que plantea La Pampa, en realidad se llevan a cabo distintas acciones que apuntan al mismo objetivo, por eso reitero que todas las propuestas que se puedan acercar son válidas, pero recurrir a la vía judicial es un resorte que el Ejecutivo puede reservarse para otra instancia", insistió.

El convenio

Vale recordar que el convenio de 2008 fue firmado por Jorge, el entonces gobernador mendocino Celso Jaque y la Presidenta. El documento establece la realización de obras de impermeabilización de canales de riego del Atuel financiadas por las dos provincias y la Nación, con el objetivo que del ahorro producido Mendoza entregue un cupo de agua a La Pampa. Sin embargo, dicho documento aún no fue tratado en la Legislatura vecina.

Lastiri destacó que el gobierno mantiene "una buena relación" con Francisco "Paco" Pérez, que reemplazó a Jaque, pero lo importante es quebrar "la resistencia" de los legisladores mendocinos a tratar el convenio.

Esta semana se reunirán Morisoli y Solana para hablar de los proyectos que presentaron para recurrir a la Corte. El del PJ impulsaría que el Estado provincial presente la demanda a través de la Fiscalía de Estado; y en del Frepam se apunta a que el Estado se presente como amigo del tribunal -amicus curiae-, apoyando la causa de un tercero.

"En este caso la presentación de Andrés Gil Domínguez como abogado de Miguel Palazzani, que recurrió a la Corte Suprema de Justicia como particular. Así se daría la oportunidad de que la Provincia aporte elementos y documentación para que la CSJ se pueda pronunciar con mayores elementos", explicó Solana.