El dirigente, uno de los motorizadores del histórico juicio del año ’79 -en el que a la postre la Corte definió la “interprovincialidad” del río-, aseveró que si bien se puede continuar por la vía política y del diálogo con la provincia cuyana también hay que “sumarle una medida de esas que a Mendoza le duelen”.

Álvarez Bustos no coincidió con la visión del tema que tiene el gobernador Oscar Mario Jorge e insistió -en diálogo con el programa “La Mañana de la Radio”, por LU 100 (AM 1130)- en la necesidad de manejarse tal como lo sugirió la Legislatura Provincial, que impulsa un nuevo planteo ante el máximo organismo judicial.

Álvarez Bustos intentó esclarecer: “Hay una serie de confusiones respecto al tema, porque es una cuestión preocupante para todos los pampeanos. Este proceso del Atuel que se inició en la primera parte del siglo pasado produce la desertización del oeste, que se ha quedado sin gente, con escaso ganado y sin productividad”.

“Nosotros iniciamos el proceso judicial ante la Corte en el ’79, reclamando la interprovincialidad. Se dio una circunstancia parecida a la de hoy, porque contó con el apoyo de instituciones políticas, sociales y comunitarias. Hubo un gobernador no pampeano que dispuso la iniciación del juicio. Todos los partidos, la UCR, el PJ, los socialistas y comunistas, instituciones representativas, apoyaron el juicio”, recordó.

“Todos participaron en aquel proceso. Eso termina en el ’87, con la sentencia de la Corte que declara la interprovincialidad del río. El juicio fue ganado en aquel momento. Pero también dispuso una serie de medidas a tomarse con posterioridad, y eso se hizo poco efectivo o no está a la vista”, señaló.

Álvarez Bustos comparó: “Ahora, en 2012, nuevamente los diputados de modo unánime deciden que La Pampa debe iniciar un juicio, con la ejecución de esa sentencia y un juicio por daño ambiental. Esta resolución de la Cámara fue desechada prácticamente por el gobernador Jorge”.

“Dilatar todo”

Uno de los fundadores de la Chadileuvú -entidad que desde hace tiempo aborda la problemática- dijo: “Modestamente interpreto que se deben seguir las negociaciones y el diálogo, pero tenemos experiencia de que no han dado resultado en décadas. Mendoza tiene la política de dilatar todo y entonces para que apure el tranco debemos iniciar esa acción judicial. Es mi humilde opinión”.

Álvarez Bustos, por otra parte, recordó que “ya en el ’73, la Cámara de Diputados por unanimidad había resuelto ir a la Corte para pedir el cumplimiento de la Resolución 50 del año ’49, que disponía 3 sueltas anuales”.

“Había que determinar la superficie bajo riego en Mendoza, que sabemos que también sufrió consecuencias socioeconómicas importantes y por eso aparecieron algunos pueblos fantasmas, que fueron deshabitados, las fincas bajo riego fueron abandonadas, aparecieron el salitre blanco y el salitre negro. Pero el desastre ecológico y productivo para nuestra provincia se agudizó en la década del ’40, con el corte definitivo del río”, aseveró.

Agregó: “Nadie puede dejar de tener esperanzas de que el diálogo del gobernador sea fructífero. Se puede tener confianza y fe, pero hay que adyuvarlo mediante acciones de esas que a Mendoza le duelen. La posición de La Pampa está avalada internacionalmente por el derecho. Si no nos ponemos firmes se desvía el agua permanentemente”, advirtió.

También comentó que la Dirección de Irrigación de Mendoza “es un ente autárquico y poderoso. No ha dependido del Poder Ejecutivo de Mendoza, donde además hay una cosa digna de elogio: cuando nosotros iniciamos el juicio venía actuando con un equipo que se empezó a armar a fines de la década del ’30. Los cambios políticos no afectaban a la política de riego, iban sumando gente, técnicos, mientras que nosotros cada vez que teníamos un problema con los cambios de gobierno empezábamos de cero. En ese sentido Mendoza está muy bien defendida y representada”.

Acerca de la posición comunitaria frente a la problemática, Álvarez Bustos apuntó: “En parte hubo movilizaciones, pero sin continuidad. Manifestaciones se hicieron. Es un perjuicio muy importante para toda La Pampa”.

Finalmente, dejó otra posición sentada: “Cuando se reclame el daño ambiental no sólo debemos tener en cuenta el actual con una proyección de 25 años, porque se viene dando desde la primera parte del siglo pasado y acrecentándose a partir del ’40. Los censos demuestran el número de cabezas de ganado que había, de los habitantes, las escuelas que existían y todo lo que fue desapareciendo”.