El conflicto del Atuel se reavivó una vez más. El gobernador Oscar Jorge insistió este lunes en que si no hay acuerdo por el Convenio del Atuel presentará una demanda judicial contra Mendoza y, paralelamente, unos 150 regantes tomaron esta mañana la sede del Departamento General de Irrigación (DGI) de la localidad mendocina de General Alvear, informó DiarioTextual.
Además, insisten en que el titular de Irrigación, José Luis Álvarez, se retracte sobre sus dichos sobre los derechos de La Pampa sobre el río Atuel.
Negociaciones
Jorge está negociando con su par mendocino, Francisco Pérez, poner en marcha el convenio firmado en 2008.
Este convenio aún está cajoneado en Mendoza. En junio, Pérez se comprometió a impulsarlo, luego de una reunión con Jorge.
No es la primera vez que Jorge dice públicamente que analiza la posibilidad de un juicio: el año pasado ya lo anunció.
Pero por ahora ha venido privilegiando la negociación política, sin mayores éxitos.
"Lo que nosotros estamos haciendo ahora con Mendoza es aclarar temas del acuerdo.
Por ejemplo, lo de la escorrentía permanente. Lo que estamos viendo es en qué consiste, cuántos metros nos van a dar...", manifestó el mandatario pampeano, en conferencia de prensa.
"Estamos trabajando fuertemente para poner en marcha este acuerdo, para que se apruebe en la Legislatura de Mendoza", sostuvo.
"Este acuerdo lo llevó adelante, fundamentalmente, la presidenta (Cristina Fernández). Es lógico que lo pongamos en marcha".
Jorge manifestó que el acuerdo está cerca. "Es un tema difícil, pero creo que estamos cerca.
Pero si no acordamos, recurriremos a la Justicia. Se verá... Estamos de acuerdo que, si no hay acuerdo, iremos a juicio...
¿Pero por qué no esperar unos días para cerrar este acuerdo, después de tantos años de esperar por el agua?".
Revuelo
Hace una semana se produjo un revuelo en la provincia vecina por las declaraciones del titular mendocino de Irrigación, José Luis Álvarez, quien admitió que Mendoza no está cumpliendo con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció la interprovincialización del río.
Álvarez habló de la necesidad de entregar agua del río Atuel a La Pampa en base a una resolución de la Corte Suprema.
"Si nosotros no respetamos sus derechos, no podemos reclamar por los nuestros", destacó.
El funcionario quiere largar agua ahora a La Pampa por una necesidad: requiere del Gobierno pampeano una autorización, a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, autorización del trasvase de agua desde el río Grande al Atuel.
La administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la Corte de 1987 porque, entre otros puntos, no se está garantizando un mínimo caudal para La Pampa.
En nuestra provincia ya se han producido este año tres cortes de ruta, en reclamo para que Mendoza largue agua.
Y este viernes hubo una protesta en el sur mendocino, pero para que no se largue agua a La Pampa.
Historia
El corte del Atuel viene desde fines de los '40, con las obras de Los Nihuiles.
Esto ha provocado la desertificación de un vasto sector del Oeste pampeano. Solamente hay sueltas de agua esporádicas.
En el 2008, los gobernadores Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta Cristina Fernández, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.
Ese convenio está frenado. Y en los últimos meses, se reiniciaron las conversaciones entre ambas provincias.
Con las obras de impermeabilización y la tecnificación del riego, contempladas en el Convenio del Atuel, se podrían recuperar entre 3 m3/s y 6 m3/s, según los propios cálculos de las autoridades mendocinas.
En tanto, durante el 2011 se presentó otra denuncia. La causa judicial se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte.
Es el expediente número 732/2010 y está caratulado con el nombre de "Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental".
Actualmente el recurso presentado por el abogado pampeano tiene dictamen favorable del procurador general y ya tiene curso dentro de la Corte Suprema.
La Universidad Nacional de La Pampa estableció un caudal mínimo fluvioecológico de 4,5 m3/s. Y en ciertos momentos del año, a 1,5 m3/s.
Recientemente, además, la UNLPam estableció las pérdidas económicas generadas por el corte.
Por su parte, el Gobierno pampeano le solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que incluya en su agenda la problemática por el corte del río Atuel y, particularmente, el desplazamiento forzado de los pobladores del Oeste pampeano.
Este reclamo se originó a partir de un documento realizado por el exlegislador provincial Juan Carlos Scovenna (Coalición Cívica).



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