Atuel: “No estamos pensando en iniciar ya una nueva demanda”, dice el Gobierno

El secretario de Recursos Hídricos, Lastiri, rechazó de plano la posibilidad de que La Pampa, en forma inmediata, inicie una nueva demanda judicial contra Mendoza por el corte del río Atuel. Pese a que la provincia cuyana se niega al diálogo, el funcionario pampeano dijo a DiarioTextual.com que por ahora apostarán al consenso.
En los primeros días de este año, se conoció a través de este diario que la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) entregó al Estado provincial un informe preliminar de un cálculo de las pérdidas económicas generadas por el corte.

La consultora, con unos 35 profesionales, llevó a cabo, a partir del análisis de los bienes y servicios ambientales, una cuantificación de las pérdidas económicas por la carencia del escurrimiento del río. No hay una sola cifra de las pérdidas. Son varias, a partir de diferentes escenarios de escurrimientos del río.

La consultora cuantificó el daño actual y a 20 años (no hizo un estudio del daño histórico, desde el corte generado a fines de la década del '40). Esos datos por ahora no serán informados públicamente.

El año pasado, el anterior secretario de Recursos Hídricos, Juan Pablo Morisoli, expresó que los datos de la consultora podrían ser usados eventualmente en un nuevo juicio. Es una posibilidad, que se analiza. Sin embargo, su reemplazante en el cargo este jueves pidió calma.

Los datos, dijo Lastiri, se están analizando en diferentes áreas del Estado provincial. "Como contratante, debemos aprobar la calidad técnica del estudio. Se encuentra en diferentes áreas, como Recursos Hídricos, Ecología y Ministerio de la Producción", expresó al ser consultado por DiarioTextual.com.

-¿Para qué encargaron el estudio?

- Es una herramienta más, así como tenemos un estudio del mínimo caudal fluvioecológico. Queremos conocer cuál es daño ocasionado por el corte, conocer todos los aspectos, sociales y demográficos.

- ¿Se podrían usar en una eventual nueva demanda?

- De ninguna manera se está pensando por ahora iniciar una demanda. No nos olvidemos que es un elemento técnico. Nada más. Otro elemento más de análisis. No quiere decir que aprobemos el estudio y que al otro día hagamos una demanda. Por ahora no estamos analizando iniciar ya una demanda.

- ¿Entonces se prosigue con el diálogo, pese a que no ha dado resultados palpables?

- Es que el convenio que se firmó (en 2008) no está caído, está en Mendoza a aprobar. Pero no se cayó. Nadie dijo que se cayó.

-Está cajoneado.

- Esa es la información que sale en los medios.

-¿Y cuál es la información que tiene el Gobierno pampeano?

-Lo que dicen los medios.

-¿Hay previstas reuniones con las nuevas autoridades del Gobierno de Mendoza?

- Seguramente, con el nuevo gobierno (de Mendoza) se iniciarán las consultas.

En 1947, con las obras del dique El Nihuil, en Mendoza, cesaron los últimos escurrimientos del Atuel hacia La Pampa y la fértil cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú desapareció.

De los cinco brazos del Atuel, actualmente sólo queda activo el arroyo de la Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.

En 1987, cuatro décadas después del corte del río, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de una demanda del Estado pampeano consagró "la interprovincialidad del río Atuel", pero los ribereños pampeanos todavía esperan el regreso del agua.

El gobierno de Mendoza insiste en argumentar que cumplen con el fallo judicial de 1987 que establece que pueden utilizar agua del Atuel para regar 72.150 hectáreas, un cupo no cubierto todavía.

Sin embargo, el gobierno pampeano sostiene que la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la CSJN de 1987 porque no se está garantizando un mínimo fluvioecológico.

En 2009, en tanto, un grupo de ONG e instituciones intermedias pampeanas -Fundación Chadileuvú, Asociación Alihuén y Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa- también hicieron una denuncia en la Corte, pero fue desestimada por cuestiones formales: la Corte entendió que solamente la partes del proceso (La Pampa y Mendoza) están habilitadas para realizar planteos vinculados al río. Además estableció la existencia de una imposibilidad procesal básica que impide admitir la intervención de terceros en un proceso de estas características.

En 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta de la Nación Cristina Fernández, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino.

Ese acuerdo, fuertemente resistido tanto por legisladores opositores como oficialistas mendocinos, aún no fue ratificado en la Legislatura de la provincia cuyana y el corte del río Atuel persiste.

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