El equipo de la consultora de la UNLPam fue encabezado por el licenciado Guido Rovatti. Entre la exposición del trabajo, las consultas y el debate que se abrió, la reunión de las comisiones de Ríos Interprovinciales y de Medio Ambiente duró dos horas.

Pero la detallada exposición del trabajo -que fue descripta como correcta- no convenció a los legisladores de la oposiución. Ni al presidente de la comisión de Medio Ambiente Martín Berhongaray ni al diputado Hugo Pérez, autor del proyecto que pidió informes al Gobierno proivinial por el trabajo contratado a la consultora de la UNLPam.

El trabajo tiene un pecado original: la estimación monetaria del daño ambiental no será revelada a la opinión pública pampeana porque forma parte de un acuerdo de confidencialidad entre la consultora y el Poder Ejecutivo.

Pérez dijo que “volvieron a recalcar que todo es a presente y futuro. Pero hay que recordar que el trabajo se contrató a partir de una resolución de la Cámara de Diputados para que estime el daño causado por el corte del Atuel y que sería utilizado para una presunta demanda”.

“Entonces cómo puede ser que no se estimó el daño pasado. No me convenció lo que dijeron”, remarcó Pérez. “Si el Gobierno quería herramientas contundentes para un juicio podemos ir ante un juez para decir que podría haber actividades deportivas en un lugar donde no hay un peludo?”, ironizó el legislador.

En tanto Martin Berhongaray dijo que “nosotros le preguntamos porqué el análisis se lo hizo a futuro cuando el antecedente legislativo que motiva el estudio habla de daño pasado. Y nos dijeron que fueron las instrucciones que recibieron del Gobierno”.

Berhongaray mantuvo un cruce con legisladores del PJ que insinuaron que no había que encarar una demanda ambiental. “Lo quise dejar en claro: no se puede dejar de hacer la demanda. Una cosa es la negociación que se pueda llevar adelante que permita mejorar la eficiencia de riego y que el río comience a correr por nuestra provincia. Pero otra son los daños pasados en cuanto a la recomposición del ecosistema, los derechos humanos. No son cuestiones opcionales”.

“Necesariamente La Pampa debe entablar una demanda de daño ambiental. Es impensable no pensar en una reparación por la desertificación del oeste, la gente que se fue y las cabezas menos de ganado que hay”, enfatizó.

La exposición

El trabajo se hizo con un equipo de 35 profesionales que, con la coordinación técnica del ingeniero Gaviño y la alterna del ingeniero Jorge Scaronne, desde la Universidad Nacional de La Pampa. Durante un año estimaron el pasivo ambiental de la subcuenca del río Atuel y faja aluvial de los ríos Salado, Chadileuvú y Curacó, denominada "Valoración de los bienes y servicios ambientales", presentaron "el informe final del estudio para la cuantificación monetaria del daño ambiental causado a la provincia de La Pampa por la falta de un caudal fluviológico del río Atuel".

Después de la introducción del diputado Juan Pablo Morisoli, Guido Rovatti, de la consultora que trabajó con a UNLPam dijo que "el cálculo en cuestión se hizo a partir de un trabajo previo que contempló el caudal fluviológico y los datos elaborados contemplan los daños ambientales presentes y futuros, no así los pasados que quedará para una segunda instancia".

Más adelante, durante su exposición, Scaronne aclaró que "la cuantificación del daño ambiental estamos en condiciones de hacerlo de ahora en adelante porque es harto difícil hacer una evaluación de lo pasado básicamente por dos motivos, por un lado las sucesivas crisis económicas que vivió nuestro país que afectaron, por ejemplo el emprendimiento bajo riego de 25 de Mayo como también a las plantaciones mendocinas; y por otro que recién desde la reforma constitucional del año 1994, nadie puede infringir un daño ecológico a otro".

Scaronne reveló que mientras "las provincias arribeñas emprenden obras de gran infraestructura que les permita reafirmar supuestos derechos sobre los ríos, a las "abajeñas" no nos queda más que defender nuestros derechos con uñas y dientes". También afirmó que "el río antropizado (afectado por la mano del hombre) ha cambiado su régimen y nos entra agua a La Pampa en junio y julio, lo que es ilógico".

"De todos modos -dijo el profesional- si se nos otorgara una cuota parte de 9 metros cúbicos por segundo -algo más de lo establecido en el acuerdo de mínima firmado por los gobernadores de La Pampa y Mendoza y la presidenta de la Nación-, sin necesidad de construir un embalse -que correspondería nos lo construyera Mendoza- estaríamos en condiciones de hacer un sembrado de 600 hectáreas de alfalfa, 2400 hectáreas de maíz y 1000 de ajo y cebolla; con lo que ya podríamos estar hablando de producción agrícola en la región".

Explicó que el "daño económico se obtiene de una ecuación que relaciona la valuación económica total de la situación de los caudales fluvioecológicos (situación ideal) menos la situación inicial (que es la actual). El resto obtenido en ese cálculo es lo que cuantifica el daño económico y su valoración es absolutamente clara".

Y si bien, la cifra definitiva de este trabajo (el cálculo económico del daño ambiental) lo tiene únicamente el gobernador en un sobre lacrado, dejaron trascender que ese daño en una hectárea de humedal tiene un costo de catorce mil dólares. Para Jorge Romo, "una vez que logremos que la situación se normalice, en 25 años el humedal podrá recuperarse".