La Asociación, después de escuchar y debatir las propuestas de los mencionados, definió como ejes fundamentales para el tratamiento del tema previsional, en primer lugar, “considerando la jubilación como un derecho de los trabajadores activos, cualquier modificación al derecho garantizado en el Articulo Nro. 35 inciso (f) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el Poder Ejecutivo Provincial, debe realizarse en el marco de paritarias”.

Asimismo, que “al conocer fehacientemente los movimientos económicos – financieros de la Caja de Previsión Social, proponemos la creación de un fondo de inversión para el financiamiento del régimen previsional del sector público de Santa Cruz”.

Otro de los lineamientos propuestos por ATSA Santa Cruz en este encuentro provincial de trabajadores es: “estudiar la propuesta de la Mesa de Jubilados de Santa Cruz, de creación de un Instituto de Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz, integrando a la CPS, CSS e ISPRO, a los efectos de fijar posición en un próximo Encuentro sobre el Tema Previsional”.

Según lo evaluado por el sector de la Sanidad Argentina, “lo único que tenemos seguro del borrador de la CPS es que el trabajador va a ver vulnerados sus derechos adquiridos y reducidos sus ingresos jubilatorios”, al tiempo que advirtió que “no se conoce la cuantificación en pesos de los cambios propuestos en el borrador de la CPS y su aporte al desfinanciamiento”.

En cuanto a la creación de un fondo de inversión para el financiamiento del sistema previsional público de Santa Cruz, ATSA propone su integración por la suba de aportes patronales, del orden del 18 % para todos los regímenes laborales; deudas por convenios de reciprocidad con otros regimenes previsionales; deudas por aportes patronales de los planes sociales adheridos al reconocimiento de años como tales; de aportes patronales por “sumas fijas no remunerativas”; deudas por aportes personales y patronales de las municipalidades; deudas por diferencias de aportes patronales del régimen docente (18% - 5,5 %) desde el año 1983; impuesto solidario sobre la explotación de nuestros recursos naturales; permitir aportes de la responsabilidad social empresaria, subvenciones, donaciones, etc.; aportes de la recaudación de impuestos provinciales, nacionales y regalías”.

Asimismo plantea que “cualquier diferencia para el pago de las jubilaciones y pensiones se deberá cubrir con fondos del presupuesto provincial, en cumplimiento de pautas constitucionales y de la propia ley 1.782”.