Tal como sucediera con un sector de la línea 18 el lunes pasado, los chóferes que trabajan en la empresa que cumple con los servicios de la líneas 10, 110 y 142, ante un reclamo gremial, resolvieron ayer no prestar los servicios, dejando a un importante sector de la comunidad a pie.

Es que los propietarios de la empresa Autobuses Santa Fe y Recreo, que tienen a su cargo la explotación de la línea 10 de transporte urbano de pasajero y de las 110 y 142 del transporte interurbano, se encontraban en mora con el pago de los haberes de los trabajadores correspondientes al mes de marzo.

Este atraso motivó que los chóferes iniciaran, a las 11 de la mañana un paro de actividades, el que se prolongó pasadas las 17.

"Los empresarios tienen la obligación con el cumplimiento en el pago de los haberes. Ya habían pasado varios días y el dinero no aparecía", lo indicó el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), seccional Tucumán, César González, quien se encuentra en Buenos Aires negociando que el adicional de 1000 pesos otorgados a los trabajadores de las empresas de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, obtenidos en el mes de marzo, sea extensible para los chóferes del interior.

Luego de la firma de un acta compromiso entre los dirigentes y los empresarios, sobre el cumplimiento en el pago de los haberes y la regularización de la situación de siete trabajadores, se levantó la medida de fuerza.

Según González "la empresas están teniendo dificultades para afrontar el pago de los haberes. Ya lo padecimos con Transporte Villalba (Línea 18) el lunes pasado y ahora con esta empresa".

Cuando se consultó si la decisión de las empresas de demorar el pago de los salarios para que los trabajadores adopten medidas de fuerza y dejar a la comunidad sin la prestación de los servicios se debe a que se quiere ejercer presión para que se les otorgue el aumento en el precio de los boletos tal como lo vienen requiriendo, aduciendo que "no les cierran los números", el secretario gremial de UTA, Adrian Coronel manifestó que "no creo que quieran utilizar a los trabajadores para ejercer algún tipo de presión hacia las autoridades".