Por Joaquín Morales SoláSacarle la plata. Bajarle la popularidad. Debilitarlo como alternativa política e ideológica al kirchnerismo. El objetivo es Mauricio Macri
El primer propósito del gobierno nacional fue transferirle a Macri parte del costo político que significa decirle a una sociedad subsidiada que se terminaron los subsidios. La época de los subsidios dispendiosos y sin sentido se terminó. Un gobierno obligado a recurrir a las reservas del Banco Central para financiar gastos corrientes de la administración no puede financiar el derroche de los servicios públicos. Pero la sociedad se acostumbró a esa excepcionalidad y ahora la considera un derecho adquirido. El costo político será, por lo tanto, alto.
En el caso de los subterráneos, el gobierno nacional y la Ciudad firmaron, a fines del año pasado, un acta acuerdo en la que se estipuló un plazo de 90 días para pactar definitivamente el traspaso. ¿Por qué firmó Macri ese acuerdo sin tomar los recaudos necesarios? ¿Por qué comenzó a ejecutarlo cuando dispuso el aumento del boleto del subte? La explicación del macrismo es política, no jurídica: Cristina acababa de anunciar que padecía cáncer (lo que luego se descartó) y gozaba de una popularidad de casi el 70 por ciento. "¿Qué hubiera dicho la sociedad, en ese momento, si le decíamos que no?", pregunta y argumenta.
En el proceso de negociación el trámite fue siempre el mismo. Macri podía llegar a acuerdos con Julio De Vido o con el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, un antiguo operador del propio Macri. Schiavi consideró ese paso por el macrismo un "pecado venial" en su reciente carta de renuncia a la Presidenta. La calificación importa poco: Schiavi hizo a Macri padrino de uno de sus hijos. Sin embargo, aquellos acuerdos embrionarios con De Vido y Schiavi rebotaban siempre en Olivos.
La transferencia de recursos debía hacerse con cuentagotas y por un valor total inferior al pactado entre el jefe de gobierno y los funcionarios nacionales. Cristina había tomado el mando personal de la negociación con Macri.
Otra incondicional de la Presidenta, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, disparó una nueva escalada en la tensión cuando dispuso que la Policía Federal abandonara la custodia de los subterráneos. Custodia que, vale subrayarlo, no impidió nunca que los subterráneos se convirtieran en lo que son, un nido de atracadores compulsivos que desvalijan a mujeres y a hombres distraídos e impotentes.
El gobierno capitalino no tiene el número de efectivos policiales como para hacer frente a esa responsabilidad. La resolución de Garré colmó la paciencia de Macri y éste decidió devolverle los subterráneos al gobierno federal.
El costo del transporte
El gobierno nacional reaccionó con otro golpe y envió un proyecto de ley al Congreso nacional para que aprobara el traspaso de los subterráneos y, de paso, agregó en la transferencia a todas las líneas de colectivos.
Estimaciones del gobierno porteño cifran en 2000 millones de pesos el costo de esas transferencias del transporte. El kirchnerismo replica que los subtes y los colectivos están en manos de concesionarios y que los subsidios quedarán en manos de Macri. O los preserva, o aumenta el precio del boleto, o transfiere recursos presupuestarios de otras partidas. El problema caería, en efecto, en el regazo de Macri: el presupuesto de este año de la Capital no prevé el financiamiento de subtes y colectivos.
El tratamiento en el Congreso comenzó ayer con un espectáculo de bochornoso pugilato verbal entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué pasará cuando el Congreso apruebe ese proyecto, como es previsible, con la mayoría oficialista? Nada. Las transferencias de servicios públicos no se podrían concretar sin la previa aprobación de la Legislatura de la Capital. En medio de semejante conflicto político, el problema debería terminar en la Corte Suprema de Justicia, que tiene jurisdicción directa en los pleitos entre la Nación y las provincias.
Sin embargo, la Corte no tiene una opinión unánime sobre su competencia. ¿Debe ser la Capital considerada una provincia? En un conflicto anterior, el tribunal se pronunció por 4 a 3 en contra de considerarla una provincia más. El presidente, Ricardo Lorenzetti, lideró la posición que triunfó, y Eugenio Raúl Zaffaroni argumentó en favor de valorar a la Capital como una provincia. Dicen que ahora podría estar cambiando esa relación de fuerzas, pero todavía no hay elementos que confirmen tal tendencia.
La letra de la Constitución se presta a la interpretación diversa de la Corte. En el capítulo de las competencias directas de la Corte habla de "las provincias", sin mencionar la Capital. La Capital emprendió su autonomía con la reforma de 1994, pero los convencionales no modificaron el capítulo referido a la Corte.
En el capítulo que fija el número de senadores nacionales, la Constitución señala que el Senado deberá integrarse por tres senadores por cada provincia y tres senadores por la Capital. Sigue marcando una diferencia entre las provincias y la Capital. Pero ¿qué es una ciudad autónoma, con su propio servicio de Justicia y con su propio Parlamento, si no una provincia? Esos argumentos son los que dividen la opinión del máximo tribunal del país.
Una cuestión no menor en este agrio conflicto entre la Presidenta y Macri son las formas.
Macri se enteró por los diarios de que le estaban transfiriendo los colectivos. Pasó lo mismo cuando Garré decidió sacarles la policía a los subterráneos. Macri le envió una carta formal a Cristina para pedirle una reunión personal. Nunca le respondió. La llamó por teléfono varias veces. Nunca le contestó. El gobierno capitalino está seguro, incluso, de que una mano del gobierno nacional estuvo detrás del corte de la autopista Illia, que ejecutó muy poca gente de la Villa 31 durante diez horas del último viernes insoportable.
La sociedad quedó, aquí y allá, atrapada por una estrategia política. No es una pelea digna, sino una pobre batalla..




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