ATEN rechazó la conciliación obligatoria

El plenario de secretarios generales no acató la conciliación dispuesta por la secretaría de Trabajo. Era previsible. Se mantiene el paro en las escuelas (para toda la semana que viene).
Como era previsible en función de sus antecedentes, el gremio docente ATEN rechazó la conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo de la provincia, ratificó el paro para la próxima semana, y dejó en claro que sólo concurrirá a negociaciones salariales a las que convoque el Ejecutivo.

El plenario de secretarios generales de ATEN lo dispuso este viernes, a pocas horas de recibir la notificación de la conciliación obligatoria. Los sindicalistas aclararon que la resolución final sobre el tema se tomará en cada una de las asambleas de seccionales que se realizarán el lunes. También destacaron que acudirán a una "mesa de negociación" si es convocada por el Ejecutivo.

En la lógica de los sindicalistas, cabe un argumento que pesa sobre la propia conducción política del Estado: los gremios estatales tienen una relativa obligación a acatar este tipo de conciliaciones en un contexto donde no existe convenio colectivo de trabajo ni paritarias.

Esta responsabilidad central es del gobierno neuquino, que había avanzado en un convenio colectivo en 2008, (sin ATE, con UPCN) y lo dejó sin reglamentar, congelado en los cajones de la burocracia política para una "mejor oportunidad".

El gobierno deberá decidir ahora si acude al ministerio de Trabajo de la Nación, o efectúa algún tipo de acción ante la Justicia.

En los tribunales, precisamente, el conflicto docente tiene una expresión concreta: las demandas presentadas a manera de recursos de amparo por padres de alumnos de distintas escuelas de la provincia.

En función de la larga parálisis que afecta a los establecimientos educativos, fue que el Tribunal Superior de Justicia había instado al Ejecutivo a poner en marcha los mecanismos de conciliación que favorecieran el encuentro y la negociación entre las partes.

Lamentablemente, el vacío legal que existe respecto de estos mecanismos a los fines de las relaciones laborales en el Estado, conspira en contra de soluciones metodológicas como las que se aplican en el ámbito privado.

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