El Ministero de Seguridad de la provincia ordenó la intervención de la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales en la investigación de un presunto caso de apremios ilegales registrado en septiembre del año pasado en jurisdicción de la Comisaría 4ª de Chabás, dependiente de la Unidad Regional 4, departamento Caseros.

Si bien el episodio fue denunciado penalmente en sede judicial, no se registraban denuncias formales en el ámbito de la dirección de Asuntos Internos, organismo de contralor dependiente de la cartera de Seguridad que conduce Leandro Corti.

Por su parte, el director provincial de Asuntos Internos, Néstor Zapata, tomó contacto con el Juzgado de Instrucción en lo Penal con sede en Casilda, con la intención de realizar un seguimiento riguroso de la causa judicial y determinar la presunta participación y responsabilidad de los empleados policiales involucrados.

Las autoridades tomaron intervención luego de la publicación, en la edición de ayer de LaCapital, de una denuncia sobre apremios ilegales a la que, según el abogado de la víctima, habrían sometido cinco policías a Matías Z., un joven de Chabás que fue detenido en un boliche de esa localidad donde comenzó el maltrato, que continuó luego en sede policial, cuando fue trasladado.

Querellante. El hecho, que se produjo en septiembre, tomó estado público esta semana, cuando el abogado defensor del joven interpuso una presentación en la fiscalía de los Tribunales de Casilda para constituirse como querellante en la causa contra cinco policías que se desempeñan en la Unidad Regional IV, a quienes acusa de cometer los delitos de vejaciones y apremios ilegales contra su defendido.

La policía, en cambio, argumenta que fue el joven quien quien cometió los delitos de resistencia a la autoridad, daños y lesiones leves a un efectivo de la fuerza.

Pero el abogado Diego Haro Martínez, representante legal de Matías, asegura que su defendido fue víctima de vejaciones y apremios ilegales por parte de efectivos policiales. En el escrito que presentó en la fiscalía casildense con el objeto de constituirse en querellante, el letrado relata sucintamente el episodio al que consideró un acto de "tamaña crueldad".