Finalmente, el concejal radical Omar Abdo pudo jurar. Gran acompañamiento político.
Avalado por una resolución judicial dictada la semana pasada, el edil ocupó anoche su banca ante el aplauso cerrado de unos 200 partidarios, y completó así el bloque opositor de cinco concejales que tiene el Frente Cívico en esa comuna. El oficialismo ya adelantó que apelará la resolución del juez civil que declaró "ilegal" al decreto votado en mayo, por la mayoría de los concejales.
La historia arrancó a mediados de abril cuando el bloque justicialista tildó a Abdo de "no estar capacitado moralmente para representar al pueblo" y lo acusó de "mantener una deuda económica con el Estado de más de $100.000".
Con ese argumento el edil fue marginado de asumir y de nada sirvieron sus reclamos ante el Concejo o los esgrimidos por el bloque del Frente Cívico, que en vano sostuvo durante una sesión especial realizada en mayo, que Abdo "no posee antecedentes judiciales ni penales; no registra incapacidad legal ni inhibiciones a su nombre. Ha cumplido con los pasos que se le solicitó y es inconstitucional no dejarlo jurar".
Frente a esta situación y acusando al oficialismo de discriminarlo y perseguirlo por su futuro rol de "opositor al gobierno del intendente Jorge Giménez", Mario Abdo acudió a la Justicia donde presentó un recurso de amparo, que fue resuelto la semana pasada a su favor, por el juez Jorge Alfredo Lloy, a cargo del primer juzgado Civil de San Martín.
En su resolución, el magistrado calificó al decreto del Concejo como "viciado de arbitrariedad e ilegalidad", ordenó que cese en su cargo el edil cobista José Gustavo Miranda (que juró en reemplazo de Abdo) y dictó que se le paguen las dietas que no cobró desde el 18 de abril.
Ayer y ante unas 200 personas, entre las que se encontraban los intendentes de Junín, Mario Abed; de Rivadavia, Gerardo del Río; el legislador nacional, Ricardo Mansur y el presidente del Frente Cívico, Juan Carlos Jaliff, el concejal electo Abdo asumió su banca y prometió "trabajar por los temas importantes que le interesan a los vecinos: salud, educación, vivienda, presupuesto y servicios".
Abdo reiteró que el proceso llevado adelante "fue inconstitucional, tendencioso e ilegal".

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