El Gobierno provincial está terminando de pulir el nuevo marco regulatorio para el servicio sanitario de la Provincia, el cual reemplazará al vigente, planteado para un servicio privatizado.

La intención de la actual administración es que el debate comience el próximo mes de septiembre y que finalice antes del recambio de autoridades. La idea es aprovechar la mayoría que aún conserva en Diputados, cosa que se modificará a partir del 10 de diciembre.

De acuerdo a los adelantos que se dieron en los diferentes medios de la Provincia, los clientes pagarán de acuerdo a la zona en donde residan: en las zonas más céntricas o residenciales se pagará más que en los lugares más alejados del centro. El criterio sería el mismo que se utiliza para el pago de la Tasa General de Inmuebles.

El diario La Capital anticipó que "se propone una masiva incorporación de medidores". Sin embargo, desde la propia empresa declaran que no es tan sencillo esto, debido a que pretenden hacerlo de forma progresiva. En Rafaela, cuando desde el Concejo Municipal se había propuesto un "shock" e instalar masivamente los micromedidores, desde ASSA sostuvieron que para que esto se logre deberían aplicar todo el presupuesto anual en nuestra ciudad. La idea se descartó por completo.

También que "se explicita la imposibilidad de cortar el agua a los clientes residenciales, aunque adeuden facturas, y se establecen mecanismos resarcitorios efectivos ante fallas del sistema".

Los funcionarios de Aguas Santafesinas SA señalan a los cambios propuestos como "copernicanos". José Luis Parrino, director de ASSA, destacó a La Capital de Rosario la importancia de "incorporar el derecho al agua como un derecho humano universal. De allí que se plantea un plazo de 15 años destinado a que los acueductos proyectados para la Provincia estén funcionando, para garantizar el acceso a la red de agua potable a todos los santafesinos".

Alberto Daniele, titular del directorio de Aguas Santafesinas SA dijo que "el marco regulatorio actual fue concebido para la prestación privada, de la década del 90. Hoy el servicio ha pasado nuevamente al Estado provincial, y la idea es contar con un marco regulatorio para la totalidad del territorio provincial”, aseguró por LT10.

Esto significaría una ley de saneamiento “para todos los santafesinos” y, así, se garantizaría “el derecho al acceso al agua segura”. Para ello se acompañaría ese marco con un plan de grandes acueductos regionales. De esa manera, la empresa se podrá “transformar en Sociedad del Estado, operando los acueductos hasta el ingreso a las 360 localidades de la Provincia”.

De acuerdo al borrador oficial, al que tuvo acceso La Capital, la tarifa plana hoy vigente desaparecerá cuando la Legislatura sancione el nuevo esquema regulatorio. La aspiración de la Casa Gris es avanzar con la denominada "sectorización" de los usuarios del sistema, estableciendo diferentes cargos de acuerdo a la capacidad contributiva del vecino y la zona donde habita.

Obviamente, esto supone que el agua llega de la misma forma en un lado que en el otro, al tiempo que quien tiene más dinero gasta más que el que tiene menos recursos económicos.

"La reforma que se propone va más allá -apuntó Parrino- ya que se divide en tres el componente tarifario. Al igual que con el gas y la electricidad, se promueve incorporar montos por producción, transporte y distribución del agua. Los primeros dos cargos tendrán un fuerte subsidio del Estado santafesino para garantizar la universalización del servicio".

También se apuesta a aplicar una tarifa "progresiva" para que quienes más consumen, más paguen. "Para ello es indispensable avanzar con la micromedición que está proyectada a mediano plazo, pero tiene sus costos y no es de tan sencilla ampliación", planteó el director de ASSA, quien estimó en 500 pesos el monto a desembolsar por cada nueva conexión. Dicho de otra forma: no parecen estar muy interesados en transitar este camino.

El artículo 128 del anteproyecto de la ley encomienda al Poder Ejecutivo que en la reglamentación de la norma establezca los plazos de la transición hacia la medición total. Al respecto se menciona que en el corto plazo deben instalarse medidores en comercios e industrias; luego, en el mediano plazo, para todos los usuarios residenciales de viviendas unifamiliares y los nuevos que habiten bajo el régimen de propiedad horizontal; y en la última etapa en departamentos ya existentes, que pagarán un prorrateo proporcional dentro del edificio.

EN CONTRA

Para el PJ, "si se ata la tarifa de Aguas al nivel de consumo, los perjudicados serán los sectores más vulnerables quienes pagarán más porque son los que más consumen". La objeción fue planteada a La Capital de Rosario por la diputada Alejandra Vucasovich, integrante de la comisión de Obras y Servicios Públicos y de la Bicameral de Seguimiento de Aguas.

En ese marco, la legisladora reutemista solicitó al Gobierno provincial que convoque "urgente" a la Bicameral para analizar el nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios, que el Ejecutivo tiene previsto remitir en septiembre a la Legislatura. "Hace dos años que no se reúne esta comisión y nos enteramos por el diario de los cambios que quieren incorporar", se quejó.

Vucasovich también sumó dudas a la diferenciación tarifaria por zonas. "No en todos los radios catastrales hay viviendas del mismo valor, en cada barrio hay distintas situaciones y si se unifica el cargo eso impactaría negativamente en los hogares más sencillos", argumentó.

PREOCUPACION EN EL ENRESS

Una de las novedades que trajo la aparición del tema en los medios es la casi segura desaparición del ENRESS, algo de lo cual se viene hablando desde hace rato. “Si eliminan el ENRESS, desaparece el control efectivo”. De esta forma el director del Entre Regulador de Servicios Sanitarios, Alberto Muñoz, cargó contra el marco regulatorio propuesto por la gobernación para el servicio de agua potable, que contempla reconvertir el Ente por una Autoridad de Control. En diálogo con La Capital, Muñoz consideró que “se quiere convertir al ENRESS en una biblioteca, y nosotros decimos que, lejos de quitarle autonomía, se la tienen que incrementar”.