Son 273 de los 280 que habían realizado el año pasado un curso no reconocido. Se recibirán en 18 meses.
El desenlace le pone fin al reclamo y es un triunfo de ambas partes. Del Gobierno porque cierra un capítulo oscuro, que incluso le costó su cargo a Berta Arenas, la ministra de Seguridad que había avalado el curso sin un respaldo legal. Y de los aspirantes porque lograron el reconocimiento del tiempo invertido, ya que de los tres años que dura la carrera sólo harán uno y medio y saldrán a la calle con el grado de alférez ayudantes, el mismo que sus pares que ingresan directamente en el Instituto de Seguridad Pública.
Los jóvenes dispondrán de varias ventajas para completar sus estudios. Cobrarán una beca de $855 (la misma que perciben quienes cursan el 2º y el 3º año de la carrera tradicional y los beneficiarios del Plan de Inclusión), tendrán traslado y, si quieren, alojamiento y comida en la sede del Instituto, en Las Chacras. En pocos días más abrirán otras tres sedes en el interior para que no haya necesidad de trasladarse a Juana Koslay. Estarán en Villa Mercedes, San Francisco y Concarán.
Hubo menos ausentismo El ministro de Hacienda Pública, José María Emer, quien había denunciado un mes atrás los altos índices de ausentismo en la administración pública durante marzo, informó que los números habían mejorado en abril.
"En Educación hubo un 19% menos de licencias por enfermedad, y en salud llegamos al 20%. Esto es fruto de los controles, las auditorías a los médicos que firman certificados y las visitas domiciliarias", expresó.

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