El conflicto salarial en los tribunales bonaerenses parece haber ingresado en una etapa de definiciones. Luego de arrancar a principios de marzo y anotar 25 días consecutivos de paro, en las últimas horas aparecieron algunos gestos que permiten aventurar el reinicio del diálogo entre las partes y una posible salida a una situación que mantiene en vilo a trabajadores, abogados, funcionarios y a los miles de bonaerenses que asisten con impotencia a cómo se les deniega, o al menos se les dificulta, el acceso a la Justicia.

Luego de varias negociaciones frustradas, días de extrema tensión producto de las protestas y una sucesión de paros que parecía interminable, en las últimas horas surgieron algunas señales de distensión. Una de ellas fue aportada por la Asociación Judicial Bonaerense, que representa a los trabajadores del sector: decidió interrumpir los paros en un gesto que apunta a abrir una puerta de negociación con la Suprema Corte.

Enfrente, el Ejecutivo tampoco movió algunas fichas que hubieran, quizás, generado una nueva escalada de protestas: si bien dictó la conciliación obligatoria que fue desoída por el sindicato, no avanzó con ningún tipo de sanciones al gremio como la aplicación de multas o la elevación de las actuaciones al ministerio de Trabajo de la Nación para que avance con el quite de personería al sindicato.

Esas gestualidades tomaron cuerpo, además, con la decisión de los trabajadores de desactivar uno de los símbolos de su lucha salarial. En efecto, quitaron la carpa que habían instalado frente a la sede de la Corte, en 13 entre 47 y 48, desde principios de abril, que se había transformado en una suerte de marca registrada del conflicto y a la vez un desafío a los ojos del alto tribunal.

AHORA, LOS DESCUENTOS

El largo conflicto judicial, aún con los paros dispuestos, ha ido cediendo en intensidad en las últimas semanas. Así lo admite el Colegio de Abogados de La Plata, que había puesto el grito en el cielo cuando los profesionales, al inicio de las medidas de fuerza, prácticamente tenían impedido el acceso a los tribunales.

“El paro entró en una meseta”, le dijo a este diario el titular del Colegio, Pedro Augé, quien juzgó que el transcurso del tiempo y la falta de soluciones a los reclamos, terminaron por empujar a muchos trabajadores a retomar sus tareas.

El reclamo por la Porcentualidad -el enganche salarial de los empleados a los sueldos de los ministros de la Corte- fue rechazado por el Ejecutivo, que asegura no estar en condiciones financieras de afrontar los 2.300 millones de pesos que demanda.

Pero aún sin arriar la principal bandera de reclamo -de aplicarse el sistema algunas categorías tendrían aumentos de hasta el 75%-, hoy los judiciales parecen concentrados en evitar un golpe que podría ser devastador: los descuentos salariales por los días de paro.

Si la Corte dispusiera una quita por la totalidad de los días no trabajados en mayo, los empleados que se adhirieron al paro prácticamente cobrarían monedas. Con la liquidación de abril, el alto tribunal aplicó descuentos que para algunos agentes significaron hasta 2.000 pesos.

Con el objetivo de frenar esa decisión, el gremio suspendió los paros y negocia una reunión con la Corte para las próximas horas. Fue un gesto que, incluso, resultó valorado por el Ejecutivo. “Es positivo para reanudar el diálogo”, consideró el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango.

El funcionario, incluso, ratificó que existe la decisión tanto del Ejecutivo como de la Corte de no pagar los días de paro. Pero concedió que “eso no obsta a que en el marco de una negociación se acuerde otra cosa”.

Esa es la salida que, ahora, se intenta para el conflicto. Si la Corte no realiza las quitas -una decisión similar adoptó el año pasado-, podría allanarse el camino a una solución. Por lo pronto, el gremio ya anticipó que, si hay acuerdo por las quitas, la pelea por la Porcentual seguirá, pero con otro cariz alejado de los paros.