Se indica que esa organización "ha reclamando, por años y sin éxito, a los Poderes Públicos de la Provincia del Chubut, que se dote de mayores recursos humanos y materiales a la Justicia Penal y a la Policía". Cuestiona que años de crecimiento económico originados en la explotación de recursos naturales, "no han sido aprovechados por las autoridades para devolverle a la comunidad mejores servicios de seguridad y justicia". Remarcan que lejos de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho y lo que se proyecta hacer en la materia, se busca descargar las responsabilidades propias en espaldas ajenas y aseveran que "el Intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, no es el primero en Chubut que eligió tomar este camino, engañoso e inconstitucional".

"Justicia popular"

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut la entidad, que preside Alejandro Franco de la Fiscalía de Trelew, en una dura respuesta a los pronunciamientos del Gobierno y del intendente Néstor Di Pierro manifiesta que "en vez de proponer la pacificación social y bregar por las vías institucionales (algunas de las encomiendas normativas de su función), propone solucionar la conflictiva con una suerte de justicia popular tumultuaria". Indican que pretende hacerlo sin juicio, "a cargo del jefe político de la ciudad, arrasando la Constitución, las leyes, la división de poderes de la República, la convivencia pacífica, el sentido común y, por supuesto, sus propias responsabilidades funcionales".

Expresa también que quienes viven en esta ciudad, "conocen, por sufrirlo cotidianamente, la verdadera dimensión del fenómeno del delito que atraviesa su territorio -robos con arma, homicidios, personas desaparecidas, droga, trata de personas, rutas controladas por piquetes en lugar de fuerzas de seguridad estatal, etc..". Agregan en otra parte del manifiesto que esa Asociación sin éxito ha reclamando, por años a los poderes públicos provinciales, que "se dote de mayores recursos humanos y materiales a la Justicia Penal y a la Policía, para afrontar con mayor eficacia el complejo fenómeno delictivo antes descrito". Sobre esto critican que "años de crecimiento económico originados en la explotación de recursos naturales, que pertenecen a la comunidad organizada -Provincia-, no han sido aprovechados por las autoridades para devolverle a esa misma comunidad mejores servicios de seguridad y justicia, entre otros también indelegables. Mientras tanto, se siguen perdiendo vidas y bienes de ciudadanos justos". La Asociación de Magistrados se pregunta "¿qué hacen entonces algunos representantes de los Poderes del Estado cuando la tragedia de una muerte injusta sacude y moviliza a una comunidad que ya no aguanta tanto desamparo?". Cuestionan que "lejos de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho y lo que se proyecta hacer en la materia, decidiéndose a comprometer recursos en una actividad imprescindible del Estado (aunque no luzca en el corto plazo ni en el corte de cintas), se busca descargar las responsabilidades propias en espaldas ajenas"