Al vencer el plazo legal desde su detención, el magistrado lo acusó de como coautor y autor mediato -en diferentes casos- de privación ilegal de la libertad y tormentos, agravados por distintas circunstancias, en la causa 615/10, caratulada "Actuaciones instruidas sobre averiguación de delitos de lesa humanidad y conexos". Pero le agregó un tercer delito: coautor de "asociación ilícita". Esta figura no había sido prevista para los nueve represores integrantes del grupo de tareas de la Subzona 14 que fueron juzgados en 2010 y condenados por el Tribunal Oral Federal, presidido por José Mario Tripputti. Además, le trabó un embargo de 7 millones de pesos y, según indicaron algunas fuentes tribunalicias que tuvieron acceso a la resolución de más de 300 páginas, habría decretado la falta de mérito en algunos de los casos investigados.

La asociación ilícita está reprimida con entre 3 y 10 años de prisión y se aplica al que "tomare parte en una banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión".

Comprometidos.

Los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos tienen una pena de entre 8 y 25 años. Si bien a los principales jefes de la Subzona 14, de ser condenados en el próximo juicio, apenas le sumarían más años a su pena por la asociación ilícita, si comprometería aún más la situación de los otros integrantes del grupo de tareas.

Es que en abril próximo, cuando los funcionarios del Juzgado Federal terminen de tomar las testimoniales a las víctimas de la represión ilegal en La Pampa, Zabala definirá la situación procesal de otros 34 ex oficiales del Ejército y de la Policía y agentes de la fuerza provincial.

Actualmente, junto a Baraldini, son investigados 10 ex oficiales del Ejército y 24 ex oficiales y agentes de la Policía provincial que actuaron entre finales de 1975, cuando se creó la Subzona 14 para "luchar contra la subversión", hasta 1983, cuando finalizó el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Ocho de ellos fueron condenados en 2010, pero la mayoría de los otros 26 sospechosos son por primera vez investigados por la Justicia Federal. Entre ellos están el ex jefe de la Subzona 14, Modesto Pedro Rooseleer; el ex jefe de la Policía durante el gobierno de Rubén Marín, José Daniel Alberdi; el médico policial Máximo Pérez Oneto; y el ex jefe de la Unidad Regional I, Luis Lucero.

Actualmente se están tomando declaraciones a una segunda tanda de víctimas de la represión ilegal en La Pampa. Comenzó a fines de 2011 y en febrero se retomarán estas testimoniales luego de la feria judicial. Se estima que se terminarán en abril, y luego el magistrado definiría la situación de los 34 acusados en la denominada causa Subzona 14 II.

Peligroso.

Baraldini estuvo prófugo durante ocho años desde que en 2003 se reabrió la causa que investigaba los delitos de lesa humanidad cometidos por el grupo de tareas de la Subzona 14 en la provincia entre 1975 y 1983. Entretanto, nueve represores fueron detenidos, juzgados y condenados en 2010.El 24 de diciembre pasado, Baraldini fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, luego de una tarea de investigación y seguimiento de las autoridades argentinas. En esa ciudad se encontraba en la casa de una hija, cuyo esposo es un alto funcionario de la alcaldía local. El 25 de diciembre el ex coronel fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades de Argentina, que resaltaron su perfil como de "extrema peligrosidad".Luego de permanecer detenido en el penal bonaerense de Marcos Paz, el jueves 29 de diciembre pasado fue trasladado a Santa Rosa para ser indagado por el juez Zabala. Sin embargo, Baraldini permaneció en silencio. Ahora está preso en la Unidad Penal 4 en el mismo pabellón que los otros siete represores, ex oficiales del Ejército y la Policía provincial, que integraron junto a él el grupo de tareas de la Subzona 14 y que fueron condenados por secuestros y torturas. En los últimos días pidió su excarcelación, lo que fue denegada por Zabala.

El pedido de las querellas en 2010

La asociación ilícita ha sido incorporada por algunos tribunales del país como otro delito cometido por los represores que actuaron durante los años del Terrorismo de Estado y por otros no. En el juicio de la Subzona 14 de 2010 no fue considerado. Durante ese proceso, uno de los abogados querellantes, Miguel Palazzani, pidió que la acusación contra los nueve represores que eran juzgados se ampliara a ese tercer delito, el de asociación ilícita, por entender que el grupo de tareas fue una banda organizada, con duración en el tiempo y una división interna para cometer atrocidades. El fiscal Jorge Bonvehi y la otra querella adhirieron a esa postura, mientras que los tres defensores de los imputados se opusieron tenazmente. El TOF luego resolvió en contra del planteo.

La asociación ilícita requiere, para su configuración, ciertos requisitos: un acuerdo de tres o más personas con sentido de pertenencia, un carácter estable y duradero en el tiempo y la voluntad de cometer delitos. Palazzani dijo en ese momento que "el grupo de tareas mostró un sentido de pertenencia, estabilidad y autonomía (durante esos años), ya en los operativos de 1975 actuó con el mismo grado de temor e impunidad, y las víctimas sufrieron los mismos padecimientos".