Las asistentes sociales del Poder Judicial, que habían realizado un censo incompleto de familias, regresarán el lunes al asentamiento del barrio Pirayuí, para confirmar la veracidad de las cifras que fueron elevadas por los delegados okupas en cuanto a la cantidad de gente que permanece en esos predios.

A través del abogado Miguel Soto presentaron una lista que revelaba la existencia de 2.126 familias que hacían un total de 6.088 personas.

“El lunes van a volver las asistentes sociales, quienes llegarán a cada sector para reunirse con los delegados y confirmar los datos que habíamos elevado a la Justicia a través de nuestro abogado”, destacó Elizabeth Escato, una de las representantes, quien añadió con cierta ironía que “les pedimos que ahora vengan con zapatillas para meterse en los montes”.

Por otra parte, Alejandro Botini -mediador oficial- precisó que “una vez que se obtengan los datos finales, su señoría avanzará con una especie de cruzamiento de información con otros organismos del Estado para verificar que efectivamente estas personas sean carentes de una propiedad, o ver en su defecto, si su pareja no cuente con tierras”, explicó.

Esto también “permitirá allanar el camino hacia la contrapropuesta económica que deberán presentar a la parte empresaria”, destacó en referencia a las firmas de bienes raíces, propietarias de un sector de las 44 hectáreas del asentamiento.

Luego insistió en que “acá lo importante es que se bajaron los niveles de conflictividad, lo cual es un paso muy decisivo porque quiere decir que hay diálogo entre las partes”, remarcó.

Tal como se informó desde este medio, el miércoles finalmente hicieron entrega del censo final que revelaba la cantidad de familias que permanece en el asentamiento del barrio Pirayuí, el cual responde a un relevamiento elaborado por los 25 delegados surgidos en territorio okupa.

La vigilia continúa mientras miran de reojo el avance de los proyectos judiciales de expropiación