La aritmética es simple en todos los casos pero comencemos por los subsidios. Supongamos que producir determinada cantidad de servicios públicos cuesta $500, y que ello comprende los salarios, el combustible requerido y los repuestos. Imaginemos que los ingresos que tiene la empresa para afrontar esas erogaciones también son de $500, compuestos por $100 de tarifas que pagan los consumidores más $400 en concepto de subsidios por parte del gobierno nacional.

Detrás de los principales problemas económicos que está enfrentando el Gobierno se puede descubrir, sin mucho esfuerzo detectivesco, una causa única: la inflación

Si los costos suben a un ritmo promedio del 20% anual, a fin de año su monto se habrá incrementado en $100, pasando a un nivel de $600. Con una decisión de dejar la tarifa inalterada los subsidios tendrán que elevarse a $500, es decir un aumento del 25%. Es la repetición de esta política de inflación y tarifas fijas durante ocho años la que explica el crecimiento exponencial de los subsidios, pasando de 1500 millones de pesos en 2003 a 75.000 millones hoy.

Ahora supongamos, en cambio, que se pretende dejar congelado el monto de subsidios en $400. Entonces serán los consumidores quienes deberán absorber, a través de mayores precios, esos $100 de suba de costos. La tarifa promedio pasará a ser de $200, lo que equivale a un aumento del 100%. Pero, si en lugar de incrementar el precio de los servicios públicos a todos, se opta por concentrar su impacto únicamente en el 40% más rico de la población, habrá que aplicarle a ese grupo un aumento de nada menos que el 250%.

Hoy la estructura promedio de ingresos de las empresas proveedoras de servicios públicos no está lejos de la del ejemplo anterior: 22% proveniente de tarifas y el restante 78% de subsidios. Ello implica que se precisa que cuatro de cada diez usuarios padezcan una suba promedio del 225% tan sólo para congelar el monto de subsidios en su nivel actual. Esta es la magnitud del desafío que enfrenta el gobierno por haber dejado que la dinámica inflacionaria hiciera un trabajo acumulativo.

Al dólar se lo percibe como atrasado en valor y, al encontrarlo barato y sin demasiadas alternativas de inversión, muchos salen a comprarlo. Razón no les falta, ya que la divisa estadounidense subió a un ritmo promedio de tan sólo 5% anual en los últimos siete años

Con el dólar ocurre algo parecido: se lo percibe como atrasado en valor y, al encontrarlo barato y sin demasiadas alternativas de inversión, muchos salen a comprarlo. Razón no les falta, ya que la divisa estadounidense subió a un ritmo promedio de tan sólo 5% anual en los últimos siete años, pasando de $3 a $4,30. Es casi imposible encontrar alguna otra cosa cuyo precio haya subido menos.

En el caso de una empresa que en diciembre de 2004 producía un bien por $300, ello equivalía en aquel momento a 100 dólares. Con una inflación acumulada desde entonces de más del 200% el mismo bien cuesta hoy 900 pesos, que representan casi 210 dólares. Si el mundo sólo era capaz de fabricar ese mismo bien por 150 dólares, antes lo producíamos, consumíamos y hasta se lo exportábamos; hoy en cambio nos es más barato importarlo. De eso se trata la pérdida de competitividad. Obviamente se pueden instrumentar trabas al ingreso de algunos productos, pero si no nos decidimos a reducir la inflación el problema de fondo continuará y se extenderá cada vez más.

Analizar la situación de los sectores "caso por caso" de poco sirve. Una Secretaría de Competitividad tendría una tarea muy relevante si pudiera dedicar recursos e inteligencia a identificar sectores con alto potencial

Con esta dinámica macroeconómica, analizar la situación de los sectores "caso por caso" de poco sirve. Una Secretaría de Competitividad tendría una tarea muy relevante si, en un contexto de estabilidad, pudiera dedicar recursos e inteligencia a identificar sectores con alto potencial para facilitar luego su desarrollo (mediante crédito blando, beneficios fiscales y ayuda en su promoción externa, entre muchas cosas), y a señalar las inversiones en infraestructura y mejoras de gestión pública que abaratarían los costos generales (autopistas, trenes, puertos, dragado de ríos, logística, fuentes de energía y agua, transporte aéreo, etc.). Pero si se tratara tan sólo de aplicar con criterio discrecional la misma lógica del control de precios, de la política cambiaria, de los subsidios, o de la mala utilización de los recursos de la ANSES, no cabrá esperar ningún buen resultado.

Una nueva etapa de "sintonía fina" que se resume en esa tarea de microeconomía "morenista" y en un aumento de tarifas del 200%, se parece más a sacudir la radio portátil mientras se van acabando las baterías que a una recalibración del lugar elegido en el dial con el fin de eliminar interferencias sonoras..