Después de cuatro meses, la situación que dispararon las denuncias por irregularidades en el IDR (Instituto de Desarrollo Rural), y pese a lo anunciado en su momento desde el Ejecutivo, sigue sumida en la indefinición.

Si bien se abrieron dos vías de investigación -legislativa y académica a través de la UNCuyo-, el caso por ahora sólo es seguido por la Comisión de Economía del Senado, mientras que el convenio por el cual la Facultad de Ciencias Económicas debía hacer una auditoría de los estados contables en un plazo de 60 días aún no ha sido firmado. En tanto, el Gobierno dispuso por decreto otorgar al organismo subsidios por $ 8 millones, "con el objeto de brindar compensaciones a los productores afectados por heladas, así como facilitar la compra de combustible".

En principio, el decreto firmado por el gobernador Celso Jaque y el ministro de Producción, Raúl Mercau, establece que el destino mayoritario de los fondos es compensar directamente a "las explotaciones afectadas por las heladas" (78,81%), y la compra de gasoil para los productores (18,19%). Pero además, bajo el concepto "gastos operativos del Instituto de Desarrollo Rural como organismo ejecutor, correspondientes a erogaciones corrientes", reconoce al propio IDR el 3% de los recursos. Es decir, $ 240 mil.

Más allá de la necesidad de hacer llegar la ayuda a los productores, la asignación de los fondos abre la discusión sobre la pertinencia o no de viabilizarlos a través del Instituto y, por ende, sobre la existencia de un mecanismo alternativo. Sobre todo cuando, precisamente, el ente está siendo investigado por falta de presentación de balances y sospechas de manejo irregular de recursos, destinados a ciertos programas productivos.

"El asunto es la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos. Éticamente, la decisión es reprochable. Si está siendo investigado, lo razonable es que el Ministerio emplee otros mecanismos. Además, ¿cómo se decide el listado y la distribución de los fondos?", señaló el senador Sergio Moralejo (UCR), presidente de la Comisión de Economía que sigue las denuncias hechas por la Comisión Revisora de Cuentas del Instituto, en torno al manejo irregular de $ 10 millones de recursos nacionales para distintos programas, provenientes del Prosap, desde donde confirmaron el hecho.

Descargo oficial

"No hay novedades". Así de escueta fue la respuesta desde la oficina del subsecretario de Programación Económica, Raúl Millán, ante la consulta sobre los avances en el esclarecimiento de dichas denuncias que, en su momento, lo tuvieron como blanco en su carácter de presidente del IDR.

Por su parte, el gerente del organismo, Alfonso Brandi, defendió el hecho de que el Instituto maneje los $ 8 millones. "Tenemos mayor rapidez de ejecución por nuestra estructura. Que esos recursos se canalicen por acá demuestra una doble transparencia, una señal de que se pretende demostrar cómo se ejecutan los planes. Además, se maneja por cuentas separadas y se rinde la ejecución al Tribunal de Cuentas".

Al margen de la tarea de Ciencias Económicas, precisamente los peritos del Tribunal culminaron una auditoría especial sobre los números del IDR, de cuyo informe saldrá el dictamen final.

¿Y la auditoría externa?

"Se ha puesto en duda la honorabilidad del IDR y de los funcionarios. Queremos una gestión transparente y por eso encomendamos a la Facultad de Ciencias Económicas (UNCuyo) una auditoría, que tendrá en 30 días un informe preliminar y en 60 el definitivo". Palabras más o menos, así de contundente fue el ministro Mercau a fines de mayo, cuando se comprometió a corroborar las denuncias.

Sin embargo, hasta el momento la auditoría sigue sin arrancar, habida cuenta de que el convenio habilitante todavía está en el Ministerio de Producción. Además, Jorge López, decano de Ciencias Económicas, confirmó a Los Andes que falta el decreto habilitante. "Estamos esperando que la Asesoría Letrada del Ministerio de Producción resuelva. En cualquier caso, estos temas deben concretarse cuando se hace el pedido".

Pero además cambió el alcance: si bien en principio iba a incluir los ejercicios desde diciembre de 2007, finalmente tomará el último año de ejercicio, habida cuenta de que los períodos anteriores estaban auditados por el Tribunal de Cuentas.

Al respecto, Brandi respondió que "las denuncias infundadas se centraron en 2009 pero, para demostrar que no tenemos problemas en ser auditados, propusimos que abarcara desde inicios de la gestión. La información está disponible de todos los períodos".

Como coordinador del acuerdo con el Gobierno desde la FCE, Julio Contreras señaló que "una cosa es la palabra y otra el proceso administrativo, que no acompaña la decisión política. Estamos dispuestos a trabajar y definimos los términos. Pero hasta acá sólo hubo acceso a información básica".